Interinos protestan ante el nuevo Govern para la estabilización de más de 100.000 eventuales

La Plataforma d'Interines de Catalunya (PIC) ha acudido a plaza Sant Jaume para recordarle al nuevo Govern que tiene una asignatura pendiente con más de 100.000 interinos empleados actualmente en Catalunya, la mayoría en fraude de ley. La organización, que agrupa a colectivos muy diversos, desde auxiliares de geriatría hasta técnicos de educación infantil, exige a la nueva 'consellera' de Presidència, Laura Vilagrà, que pare las oposiciones actualmente en curso -y que pueden provocar que parte de los actuales eventuales pierdan su plaza- e impulse soluciones para estabilizar al elevado porcentaje de empleados públicos de la Generalitat que llevan años sin plaza fija. Las altas tasas de interinaje no es la única asignatura pendiente que tiene el Govern con los funcionarios y es que todavía les adeuda, entre otros, la paga extra retirada en el 2014 y la subida de sueldo de este año.

Atajar las elevadas bolsas de interinaje es un reto que tienen las administraciones en todo el país. No obstante, las comunidades autónomas son las que concentran las más elevadas cotas, con un 33%, de media, de eventualidad. Catalunya no es una excepción y, según los últimos datos del INE, 121.700 trabajadores públicos están actualmente empleados con un contrato de duración finita. Dos de cada tres son mujeres y organizaciones sindicales como la IAC cifran en unos 100.000 los interinos en fraude de ley. En toda España hay 1,03 millones de trabajadores públicos eventuales.

Dicho problema lleva enquistado desde hace décadas en la Administración y deja situaciones como la que viven gran parte de la plantilla de auxiliares de geriatría de la Generalitat. Un cuerpo con cerca de 850 empleados, el 80% de los cuales son eventuales; según denuncian desde la PIC. Y la última oposición para estabilizar plazas fue en el 2000, hace más de dos décadas.

Para solventar esta cuestión, la Generalitat, al igual que el resto de instituciones públicas, ha acelerado en el último años los procesos de selección pública. La nueva 'consellera' Vilagrà hereda un calendario con varias oposiciones convocadas, como la de 458 plazas para los auxiliares de geriatria o las 756 plazas para trabajadores sociales; entre otros. Estos dos casos todavía no tienen fecha concreta en el calendario y será competencia del nuevo Govern hacerlo. Y la PIC le exige que no lo haga. "No es la solución, esta oposición", es uno de los lemas que han coreado los manifestantes este martes por la mañana en plaza Sant Jaume.

La solución de Iceta: "Es una vergüenza"

La portavoz del colectivo de trabajadores sociales interinas, Ruth Gras, ha cargado contra la fórmula planteada por el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, para atajar la eventualidad. Según la misma, aquel interino que lleve más de tres años en una misma plaza debe ser cesado automáticamente y su plaza quedar vacante durante todo un año. Así confía en incentivar a las administraciones competentes, como podría ser la Generalitat, a acelerar los procesos de selección y cubrir dichas plazas. "Las plazas serán fijas, no así las personas. Es una vergüenza", ha manifestado Gras.

Los interinos organizados han clamado por una estabilización por ley de todo aquel personal que lleve más de tres años en una misma plaza. Una fórmula que ya le plantearon al anterior Govern, con Jordi Puigneró al frente de la Función Pública, y que este rechazó por interpretar que era inconstitucional. La plataforma también reivindica indemnizaciones para aquellos interinos que se queden sin plaza, algo que, de momento, la justicia europea ha rechazado reconocer.

Asignaturas pendientes

La nueva 'consellera' de Presidència y reponsable de la función pública catalana, Laura Vilagrà, tiene varias asignaturas pendientes para su mandato. Una de ellas es una vieja deuda que la administración catalana tiene con sus empleados: la paga extra retirada en el 2014. Entonces el Govern de Artur Mas suprimió este pago, en un contexto de recortes en los servicios públicos, y sus sucesores todavía no lo han reparado. Durante el mandato de Quim Torra, el 'conseller' Puigneró abonó la paga correspondiente al 2013, pero el avance electoral se interpuso -una vez más- con el cumplimiento completo de los compromisos. Será menester de la nueva 'consellera' abonar la paga del 2014 y el primer plazo le vence este 2021, pues según se pactó con CCOO y UGT, el 55% de esta paga debía ser abonada antes de vencer el presente ejercicio. Y luego, durante el 2022, pagar el 45% restante.

Otra cuestión que deberá abordar el nuevo equipo de Govern es la subida del sueldo de los funcionarios. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un aumento del 0,9% y posteriormente las comunidades deben trasladar esas subidas a sus propias nóminas. En Catalunya ese punto está todavía pendiente de negociar con los sindicatos, pues a ese 0,9% se añaden algunos factores variables que se pueden distribuir de una u otra manera en función del acuerdo social al que se llegue.