El precio disparado del CO2 golpea a la industria, mientras el Gobierno hace caja

El mercado mayorista de la electricidad ( “pool”, en la jerga del sector energético), donde a diario se fija el precio del 80% de los kilovatios que se consumen en España, marcó el pasado abril valores medios que casi triplican los de un año antes. Es parte de una escalada que, de prolongarse, tendrá impactos relevantes en la factura de los usuarios y particularmente en las grandes industrias asturianas intensivas en consumo eléctrico (Arcelor Mittal y Azsa, entre otras). La cotización de los llamados derechos para emitir CO2, disparada últimamente por la política climática de la UE y también por la acción de los especuladores financieros, está detrás de un fenómeno que, al mismo tiempo, está cargando las arcas de los gobiernos a través de las subastas de carbono.

El mercado. El comercio del CO2 impacta del siguiente modo sobre el precio de la luz: las centrales que usan combustibles fósiles (gas natural y carbón) están obligadas a pagar por cada tonelada de dióxido de carbono que emiten, coste que las empresas propietarias repercuten en los precios que ofertan en el “pool”; por el modelo de funcionamiento de ese mercado (marginalista), todos los megavatios necesarios para cubrir la demanda de cada hora se retribuyen al precio más alto, el de la última central cuya oferta es aceptada; si se trata de una térmica fósil, el resto de la electricidad aportada por otras tecnologías (hidráulica, nuclear, eólica…) cobrará el precio marcado por ella, incluido el coste repercutido del CO2, aunque se trate de plantas con cero emisiones; la aplicación del criterio del “coste de oportunidad” hace también que incluso cuando el último megavatio procede de una planta hidroeléctrica, con emisiones nulas y apenas costes variables, el precio recoja a menudo, de manera implícita, el efecto de la cotización del dióxido de carbono.

En el reciente episodio de ascenso de la luz se han combinado varios factores: un aumento de la demanda ante la desescalada de las restricciones de la lucha contra la pandemia del covid; un consecuente mayor funcionamiento de las centrales de gas (no de las de carbón, casi expulsadas por completo del mercado), un encarecimiento de esa última materia prima y, de manera singular, la cotización del CO2 y su impacto en los costes de las centrales gasistas (ciclos combinados).

Las causas. El precio de la tonelada en la Bolsa del carbono ha crecido el 32% en dos meses, hasta superar los 50 euros. A la misma altura de hace un año, la cotización no llegaba a los 20 euros. ¿Qué está pasando? Eric Bernard, especialista en mercados de la consultora vasca Factor CO2, cita, en conversación con este diario, tres causas principales: la “ambición climática de la UE”, que ha elevado su objetivo de reducción de emisiones para 2030, haciendo presagiar a los compradores de bonos (empresas energéticas e industriales, bancos y fondos de inversión…) que la oferta de derechos de emisión se reducirá más de lo previsto; la entrada del mercado en una nueva fase más restrictiva (la cuarta desde su creación en 2005), con menos derechos gratuitos para la industria, y “la abundancia de dinero y la presencia de inversores a largo plazo con un perfil no industrial”.

Indicadores del comercio de CO2

51,61

Ingresos de España por subastas de CO2

Ingresos de España

entre enero y mayo

45,2

En millones de euros

En millones

1.291,07

1.240,34

1.245,19

40,8

822,24

37,8

447,65

488,78

364,97

2020

2021

33,4

2016

2017

2018

2019

2020

30,9

La cotización de los bonos de carbono

En euros por tonelada

27,8

27,4

26,7

26,5

25,1

24,4

24,1

23,3

19,8

20,0

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Indicadores del

comercio de CO2

Ingresos de España por subastas de CO2

En millones de euros

1.291,07

1.245,19

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Ingresos de España entre enero y mayo

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La cotización de los bonos de carbono

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En euros por tonelada

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Ingresos de España por subastas de CO2

Ingresos de España

entre enero y mayo

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En millones de euros

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1.245,19

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La cotización de los bonos de carbono

En euros por tonelada

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La especulación. Bernard se refiere con esas últimas palabras a los fondos de inversión, bancos y otras instituciones financieras que han ganado protagonismo en las compras de CO2 con fines especulativos. El pasado diciembre, las compras de esos agentes llegaron a suponer el 51% del total, doce puntos más que en el mismo mes de 2019, según informes del mercado europeo (Emissions Trading System, ETS). “Parece que los inversores financieros consideran al EUA (derecho de emisión) un activo atractivo para invertir y quieren aprovechar la ambición climática de la UE”, explica el directivo de Factor. “Operan con posiciones largas, con contratos a futuro, sin necesidad de poseer el activo en sus cuentas. Cuando llegan a su precio objetivo lo venden y recogen beneficios sin ni siquiera poseer un solo derecho en cuenta. Todo se mueve en el futuro”, añade Bernard.

Los efectos. ¿Cómo impacta eso en los consumidores de luz? En el caso de los hogares, el encarecimiento del precio mayorista debido al coste del CO2 puede repercutir directamente en el 33% de la factura, que corresponde a la energía consumida. En el supuesto de los grandes consumidores industriales, la competitividad de sus producciones puede resultar severamente dañada porque la energía consumida llega a representar más del 70% de la factura y el conjunto del gasto energético rebasa en algunos casos (Azsa, en concreto) el 40% de los costes totales.

Que la política climática y la especulación disparen el precio del CO2 y con ello la factura eléctrica hace aún más improbable que la industria pueda ser resarcida con el importe aprobado por el Gobierno y sus socios presupuestarios para la llamada compensación de costes indirectos, un instrumento que faculta a los países a destinar hasta el 25% de los ingresos que obtiene por las subastas de derechos de emisión para aligerar el recibo de las fábricas electrointensivas y otras con riesgo de deslocalización. El Ejecutivo español ha dejado en 71 millones la cantidad a repartir en 2021, lejos de ese máximo legal (por encima de 300 millones, si se considera que en 2020 se ingresaron por las referidas subastas 1.240 millones).

Ocurre mientras las cantidades que obtiene el Estado por las subastas de derechos de CO2 se están duplicando gracias al mismo incremento de cotización que penaliza a los consumidores y en particular a la industria: según datos de la plataforma europea que organiza las pujas, el Gobierno español recaudó hasta fines de mayo 822,24 millones de euros por las subastas, con un precio medio de 42 euros por tonelada y un total de 19,6 millones de toneladas puestas en el mercado. Hasta mayo de 2020, los ingresos habían sido algo más de la mitad (447,65 millones), habiéndose subastado más derechos (20,78 millones), pero a un precio medio de 21,5 euros.

Una parte de ese dinero se destina a sufragar costes de las energías renovables y de la deuda que arrastra el sistema eléctrico. Y el proyecto de Ley de Cambio Climático prevé que otra parte (30%) se invierta en planes de “transición justa”, para los territorios que, como Asturias, pueden perder actividad y empleo con la descarbonización, y para paliar posibles impactos del cambio climático. Ese mismo proyecto recoge, en línea con las normas europeas, que hasta el 25% de la recaudación española se use para compensar a la industria por sus sobrecostes eléctricos. Las empresas, así como el Gobierno asturiano, esperan que el Ejecutivo central eleve los 71 millones presupuestados, más ante la riada de ingresos extra que España está obteniendo con el CO2.. Por ahora, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con mando sobre esos fondos, ha dicho que no hay previstas cantidades adicionales para las fábricas.

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