La Sareb confirma a Javier García del Río como nuevo presidente

Como anunció a principios de mes, el consejo de administración de la Sareb, el banco malo que recibió los activos inmobiliarios tóxicos de los bancos rescatados en la anterior crisis, ha aprobado este miércoles por unanimidad el nombramiento de su hasta ahora consejero delegado, Javier García del Río, como nuevo presidente en sustitución de Jaime Echegoyen, quien presentó su renuncia voluntaria "por motivos personales" hace tres semanas.

García del Río, que se incorporó a la compañía en febrero de 2020 como director general adjunto al presidente y en octubre fue nombrado consejero delegado, es ingeniero industrial por la ETS de Ingenieros de Sevilla y posee una "amplia experiencia en la recuperación y puesta en valor de porfolios de préstamos morosos (NPL, por sus siglas en inglés) y activos inmobiliarios", según ha sostenido la empresa en una nota

“En Sareb afrontamos esta nueva etapa con renovada responsabilidad de cara a maximizar la capacidad de generar caja y amortizar la deuda avalada por el Estado. Continuaremos persiguiendo este objetivo con una gestión experta y con eficiencia en el gasto. Este objetivo económico debe ser compatible con la utilidad social de nuestra actividad, obtenida a través de la venta minorista -a particulares y a empresas industriales- de nuestros activos, y también del desarrollo de colaboraciones en materia de vivienda asequible y social”, ha asegurado el ejecutivo

Por otro lado, la junta de accionistas de Sareb celebrada este miércoles ha aprobado las cuentas de 2020 (1.073 millones de euros de pérdidas, un 13,3% más) y ha dado luz verde a la conversión en capital de 1.430 millones de euros de deuda subordinada para evitar encontrarse en una situación de patrimonio negativo. Tras esta operación, los recursos propios de la firma se sitúan en 587 millones de euros de capital a cierre de 2020.

Pérdidas acumuladas

El cambio en la cúpula se produce unas semanas después de que Eurostat, la oficina estadística comunitaria, haya obligado a España a incluir a la Sareb dentro del sector público. Ello ha elevado la deuda pública en unos 35.000 millones de euros y ha provocado que la partida de ayudas financieras del déficit del 2020 se eleve a 9.878 millones. Como consecuencia de ello, el Gobierno está negociando con los otros accionistas de la firma, principalmente bancos, tomar el control total de la compañía, de la que el Estado es el primer accionista pero con una participación del 45,9%, según adelantó 'El Confidencial'.

La sociedad acumula pérdidas en todos sus años de vida, pese a que el Ejecutivo de Rajoy aseguró que tendría una rentabilidad media anual del 13%. Desde el principio se demostró que era falso. El principal problema es que los más de 200.000 activos que recibió se valoraron por Oliver Wyman a un precio excesivo, lo que benefició a los bancos nacionalizados, ya que evitó provocarles un agujero patrimonial aún mayor del que ya sufrían, pero ha perjudicado al banco malo, que no ha podido vender sus créditos e inmuebles a precios de mercado para evitar sufrir pérdidas aún mayores. El actual Gobierno, de hecho, ha abierto la puerta a ampliar su vida más allá del cierre en 2027 para evitar que la factura para las cuentas públicas aumente aún más.