Informe anual
El Banco de España pide más "transparencia y control" en la concesión de las ayudas europeas
El supervisor lamenta que las reformas comunicadas por el Gobierno a Bruselas tienen una concreción "limitada" y se desconoce su "ambición"
Insiste en la 'mochila austriaca' y abaratar el despido y estima el Estado podría asumir más de 8.000 millones de coste con los fondos comunitarios
Pablo Allendesalazar
Pablo AllendesalazarPeriodista
Redactor de economía desde 2004. Tras estudiar en las universidades de Málaga, Edimburgo y el País Vasco, trabajé durante tres años en la Agencia Colpisa-Redacción Central de Vocento. Desde 2007, en la delegación de Madrid de EL PERIÓDICO. Secretario y miembro de la junta directiva de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
El Banco de España ha advertido al Gobierno de que el éxito del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia recientemente aprobado depende del "desarrollo de un sistema de gestión y gobernanza" que facilite la "selección rigurosa" de los proyectos de inversión que se financiarán con las ayudas europeas, según ha incluido este miércoles en su informe anual. En particular, le ha reclamado una "guía que defina de forma clara y homogénea los criterios de selección" de dichos proyectos y el "reforzamiento de los mecanismos de control" a posteriori de los mismos, que incluya la creación de un espacio público con datos "homogéneos y transparentes" sobre los concursos de adjudicación. "No es absolutamente necesario un evaluador independiente, se puede hacer en el marco de la administración pública española, pero requiere reforzar mucho los mecanismos de transparencia y control", ha advertido Óscar Arce, director de economía de la institución.
El supervisor, así, ha desaconsejado las prisas excesivas: "Es cierto que un diseño rápido y una ejecución temprana de los proyectos ayudarían a anticipar la recuperación tras la crisis. No obstante, puede ser conveniente dotarse de un cierto margen de tiempo, que permita una definición y una selección lo más precisas y rigurosas posible de las distintas iniciativas, de modo que se maximicen sus efectos positivos permanentes sobre el empleo y la actividad". Al mismo tiempo, ha reclamado un "aligeramiento" de los procedimientos administrativos de los concursos públicos de adjudicación, así como garantizar la "igualdad de oportunidades en el acceso a todas las empresas, con independencia del sector, el tamaño y la ubicación", incluyendo la creación del previsto portal único de la información, que beneficiará "en particular a las pymes".
Paralelamente, ha advertido que es crucial una "definición adecuada y una implementación decidida" de las reformas que incluye el plan, que no se retrase sino que sea "simultánea" a los proyectos de gasto. "La Airef ha sido muy clara: el grado de concreción de lo enviado a Bruselas es relativamente limitado. No estamos hablando de medidas perfectamente delimitadas. No podemos tener una visión nítida del grado de ambición e impacto de esas reformas", ha lamentado Arce antes de asegurar que ser ambiciosos es "una obligación económica, social y casi moral" dada la situación de España. El informe, así, lamenta la ausencia de un "mayor grado de detalle" sobre la reforma de las pensiones y considera "deseable" que las subidas de impuestos del plan no condicionasen la revisión general del sistema fiscal encargada a un comité de expertos.
Reformas y 'mochila austriaca'
La institución gobernada por Pablo Hernández de Cos considera también prioritario mejorar los procedimientos de insolvencia y liquidación de empresas para facilitar la salida "ordenada" de las mismas del mercado y la entrada de nuevos competidores ("Tiene sentido rebajar la prioridad máxima de los acreedores públicos (Hacienda y Seguridad Social) sin eliminarla del todo", ha defendido Arce); limitar los trámites regulatorios "desproporcionados" e impulsar la Ley de Unidad de Mercado para facilitar la expansión de los ya existentes; una reformulación de las políticas activas de empleo que permita la "transición fluida" de los trabajadores desde los sectores que pierdan peso en la economía hacia los que lo ganen; y un rediseño de los incentivos destinados a fomentar la inversión en I+D+i para evitar que sigan beneficiando de forma "desproporcionada" a las compañías más consolidadas.
Asimismo, ha insistido en su ya tradicional apuesta por la conocida como 'mochila austriaca' (un sistema por el que las empresas van aportando por anticipado los costes de despido en un fondo individual para cada trabajador a cambio de una rebaja de las indemnizaciones propiamente dichas). Como ya propuso el año pasado, ha instado al Gobierno a usar las ayudas europeas para financiar su implementación, algo por lo que también ha apostado el Fondo Monetario Internacional (FMI). La novedad es que por primera vez ha puesto un "ejemplo" de cómo podría configurarse y del coste que supondría para el Estado subvencionar transitoriamente a las compañías su creación (más de 8.000 millones de euros en cuatro años).
Retos de elevada trascendencia
El Banco de España destaca también que el PIB español cerró el primer trimestre todavía un 9,4% por debajo del nivel precrisis y que no alcanzará su nivel de finales del 2019 hasta el 2023, y eso si no hay sorpresas negativas como nuevas cepas del virus más resistentes a las vacunas. En este sentido, pide en particular una prolongación de los erte más "focalizada" para que se produzca una "necesaria reasignación del empleo hacia las empresas y los sectores más productivos". Es decir, que la medida se centre más en los sectores afectados para que el resto pueda reducir plantillas y los trabajadores se vean obligados a buscar un puesto en otras firmas.
El supervisor, con todo, advierte de que, más allá del impacto "relativamente persistente" que pueda tener la pandemia en la economía, está se enfrenta a "retos estructurales de una elevada trascendencia" que condicionan las perspectivas de crecimiento a medio y largo plazo. Por ello, ha insistido en reclamar la definición "urgente" de un programa "ambicioso" de reformas estructurales sustentado en "amplios consensos" y la comunicación "temprana" de un plan de consolidación de las cuentas públicas a aplicar cuando se supere la crisis.
El informe también destaca que los retrasos en el acceso a la asistencia sanitaria para dolencias no relacionadas con el coronavirus "puede tener consecuencias a largo plazo en la salud de la población"; que las "limitaciones en las actividades básicas de la vida diaria, las dificultades de movilidad y la depresión son problemas de salud más prevalentes entre las mujeres y entre las personas de menor nivel educativo"; y que la desigualdad ha vuelto a crecer tras varios años en que descendió gracias al aumento del empleo.
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