Open Generation EU
Nace una plataforma contra la "opacidad" en los fondos europeos: "No pueden quedar en manos de grandes empresas"
Open Generation EU exige un proceso "auditable para la ciudadanía" y critica que el Congreso no haya votado todavía las enmiendas de la oposición para reformar el real decreto que rige los fondos
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
España recibirá durante los próximos cinco años un total de 142.000 millones de euros de los fondos NextGeneration EU para la reconstrucción poscovid y (una parte de) la ciudadanía quiere saber quién se los lleva, por qué ellos y no otros y para qué los utiliza. Este miércoles se ha presentado en sociedad la plataforma Open Generation EU, formada por un grupo de investigadores y activistas que exigen al Gobierno más transparencia en la gestión de estos fondos y que garantice un "proceso auditable para la ciudadanía" para que estos no se queden solo en las grandes empresas y "lleguen a pymes, autónomos y economía social".
"Queremos poder saber para quién van esos fondos, para qué y poder fiscalizar si se están cumpliendo los objetivos fijados en el Plan [de Recuperación y Resiliencia]", ha declarado Sandra Vicente, una de las portavoces de la plataforma. Desde Open Generation EU denuncian la falta de recursos en organismos de control, como por ejemplo la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon); que únicamente cuenta con 12 trabajadores para supervisar toda la contratación pública derivada de la llegada de esos 142.000 millones.
En este sentido, las ponentes han recordado que el Consejo de Estado hizo público un informe en que aseguraba que había claras carencias en las garantías de control y transparencia en la ley que regulará la gestión y adjudicación de los fondos. Por ello han instado al Gobierno a dotar de más recursos al portal de transparencia y a los tribunales del contencioso administrativo, ante posibles denuncias por vulneración de los criterios de asignación de dichos fondos. "Es muchísimo dinero, nos van a pedir un montón de reformas a cambio y es la última oportunidad para acometer la transformación social, ecológica y económica", ha añadido Emma Avilés, otra de las portavoces.
Las portavoces de Open Generation EU han alertado del riesgo de que parte de la gestión de los fondos europeos acabe recayendo sobre consultoras privadas, derivando así una parte importante de recursos públicos para costear dichos servicios. Un ejemplo de ello, tal como han expuesto, es la licitación de 1,5 millones de euros que publicitó el pasado 5 de mayo la Administración Ayuso para que, en tan solo dos días, las consultoras postularán para asesorar a la Comunidad de Madrid en la gestión de los fondos de la UE. "Si estos fondos son para modernizar la administración pública, ¿por qué lo externalizamos a consultoras privadas", se ha preguntado Avilés.
El Congreso tiene pendiente votar
Open Generation EU se ha presentado en sociedad este miércoles, aunque lleva trabajando con diferentes grupos políticos en el Congreso durante los últimos meses para introducir enmiendas y modificar el real decreto aprobado por el Ejecutivo que regirá la gobernanza de los fondos. A razón de ello, Más País y CUP ya han registrado sus enmiendas; mientras ERC, Bildu y C’s les han trasladado que harán lo propio con las suyas en breve.
No obstante, las portavoces han criticado que la Mesa del Congreso todavía no ha fijado fecha para la votación de dichas enmiendas para modificar las actuales reglas de gestión y gobernanza de los fondos europeos. Y alertan de que, de postergarse durante más tiempo dicha votación, la asignación e implementación de dichos fondos se realizará con un real decreto aprobado por el Gobierno, pero sin la supervisión de los grupos parlamentarios.
Open Generation EU es una plataforma que cuenta con el apoyo de 27 organizaciones de la sociedad civil, como Intermón Oxfam, Ecologistas en Acción, Xnet, Political Watch y la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD); entre otros.
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