4 de cada 10 empresas no cumplen con el registro de jornada

Dos años después de la entrada en vigor del registro de jornada obligatorio, cuatro de cada diez empresas no cumplen correctamente con la norma. Así se deriva de una encuesta realizada por UGT entre sus afiliados y publicada este miércoles, que constata un amplio incumplimiento de la obligación de las compañías de controlar de manera efectiva el tiempo de trabajo de sus plantillas. Los datos van en la línea del balance que permiten los datos de Inspección de Trabajo, según los cuales dos de cada tres empresas no pasan una revisión en materia de tiempos de trabajo.

Desde UGT denuncian que hay un número importante de compañías que no cumplen con la normativa vigente y que el coronavirus no ha contribuido a que las direcciones se apliquen en esta materia. Según datos recopilados por el sindicato del INE, durante el 2020 se trabajaron en Catalunya más de 4,3 millones de horas extras. De estas, la mitad no se pagaron. Un flujo de trabajo no remunerado que, según cálculos del sindicato, daría para crear 2.600 empleos en toda Catalunya y suponen una pérdida para el erario público de 124 millones de euros.

Tener un registro de jornada pero que las horas 'oficiales' que salen al final del día no son las mismas que las que realmente se han trabajado es el incumplimiento más habitual que detectan desde la central. El 19,9% de los encuestados por UGT afirman trabajar más horas de las que se registran. Y luego hay otro 13% que directamente no registra su jornada.

El teletrabajo ha sido una novedad que ha distorsionado las rutinas en las empresas y una de las víctimas de ello ha sido el registro de jornada. Pues según la encuesta de UGT, la mitad de las personas que pasaron a ejercer a distancia dejaron de registrar debidamente su jornada; ya sea porque antes operaban con un fichaje manual y dejaron de hacerlo, ya sea porque una vez después de fichar continuaban teletrabajando.

Desde la central consideran que la escasez de recursos de la Inspección del Trabajo es uno de los motivos de que el despliegue de esta ley todavía presente claras lagunas. Al igual que la baja cuantía de las infracciones, penadas con importes de hasta 6.262 euros por empresa, independientemente del tamaño de su plantilla.