El Gobierno sale en defensa del pago por uso de carreteras

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Nadia Calviño, defendió este jueves que el pago por uso en carreteras "es el modelo europeo y el más justo desde el punto de vista de la distribución en el territorio".

Durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, Calviño defendió la medida incorporada en el Plan de Recuperación remitido por España a la Comisión Europea que prevé introducir el pago por uso de carreteras a partir del 2024. La vicepresidenta señaló la necesidad de "aumentar progresivamente la inversión en infraestructuras" y de mejorar el estado de las carreteras, buscando vías de financiación. "Una (vía) es que lo paguen todos los contribuyentes españoles", mediante impuestos, señaló. "Otra es que lo paguen solo algunos usuarios, que es lo que teníamos con el régimen de los peajes de las autopistas que ha generado unas enormes desigualdades en el territorio español", añadió en alusión a regiones como Catalunya. Como alternativa a la financiación con impuestos, concluyó: "Parece razonable plantearse paguen también los 100.000 vehículos que entran en nuestro país todos los días, la mitad de los cuáles son extranjeros".

La vicepresidenta defendió el pago por uso como un modelo "más eficiente", similar al que rige en otras infraestructuras, como puertos o aeropuertos, y en línea con los sistemas europeos. Calviño afeó sus críticas al diputado del PP Miguel Ángel Castellón, a quien recordó que fue el anterior Gobierno del PP el primero en plantear un sistema de este tipo para financiar las vías de alta capacidad.

Ribera insiste en el consenso

La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por su parte, puso el acento en que la decisión del pago por el uso de la red de carreteras planteada por el Gobierno en el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, se realizará por "consenso" una vez haya "recuperación económica" en España. "No está definida la propuesta, ni está perfeccionada sino que se está trabajando en ello y hay un compromiso del Gobierno de buscar un consenso", explicó Ribera durante la presentación de las medidas del Plan de Recuperación correspondientes a su área.

“Esta medida no es de aplicación inmediata y no se materializará hasta que no tengamos asentada la recuperación ni la integración de respuestas adecuadas a los colectivos que necesiten algún tipo de matiz”, precisó la vicepresidenta, quien defendió que en "un buen número de países" del entorno español existe "un mecanismo específico de pago por uso de infraestructuras" como el que proyecta implantar el Gobierno para la red de carreteras a partir de 2024.

Tasa aérea

Por otra parte, sobre la subida del impuesto al transporte aéreo para reducir las emisiones, también incluida en el Plan de Recuperación del Ejecutivo, Ribera indicó que se abordará dentro del grupo de expertos para la reforma fiscal del Ministerio de Hacienda el próximo año, e irá acompañada de los cambios que este ámbito se realicen en el seno de la Unión Europea, para "empezar a tomar decisiones a partir del año que viene". "Este Gobierno siempre ha dicho que necesitamos contar con un sistema fiscal justo que permita financiar los sistemas públicos y garantizar ese nivel de redistribución y beneficio social para todos, pero en absoluto se está pensando en que tenga un impacto regresivo para las personas trabajadoras", concluyó la ministra.

Transición verde

Estas medidas forman parte del impulso a la "transición verde" que el Gobierno pretende dar con el Plan de Recuperación. En total, 28.000 millones de euros que suponen el 40,29% de los 69.528 millones de euros que Europa da a España. De ellos, el Ministerio para la Transición Ecológica gestionará 15.339 millones de euros, casi un 22% del plan. Y el resto corresponden a otros ministerios para desarrollar otros ámbitos 'verdes' como los peajes en las carreteras o la fiscalidad.

Del total del ministerio, 10.756 millones de euros se destinan a la transición energética justa e inclusiva y 4.583 millones de euros a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Entre las líneas de actuación del ministerio destacan la conservación de los ecosistemas y la preservación del litoral, medidas relativas a la energía renovable o el hidrógeno o el desarrollo de sistemas de control de agua, vigilancia y prevención de riesgos. Medidas que tendrán un impacto económico, según la ministra, de 100.000 millones en inversión pública y privada, y generará empleo para 250.000 personas, así como un ahorro de más de 20.000 millones de euros al reducir la demanda de importación de componentes fósiles.