Reformas

El nuevo sistema de ertes poscovid estará negociado y aprobado este 2021

  • El Gobierno se compromete a tener derogada parte de la reforma laboral del PP este 2021 y deja para el 2022 los cambios en el sistema de protección para el desempleo

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, junto al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá. / Kike Huesca / EFE

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Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercado laboral, empresas, pensiones y las diferentes derivadas del mundo del trabajo

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El Gobierno se ha comprometido con Bruselas a tener negociado y aprobado este año el nuevo sistema de ertes poscovid. Así lo recogen las fichas del Plan de Recuperación y Resiliencia hechas públicas este miércoles por Moncloa, que, no obstante, no aclaran si este nuevo formato ya entrará en vigor en la recta final de este ejercicio o lo hará a partir del 1 de enero del 2022. Si bien en el documento hecho público la semana pasada preveía extender los actuales ertes covid "hasta finales de 2021", para luego dar paso al nuevo esquema. El resto de las principales políticas que incluye el componente 23 del Plan, el referente al ámbito laboral y confeccionadas desde el Ministerio de Trabajo, son la derogación parcial de la reforma laboral del PP, que estará ya en vigor antes de acabar este año, y los cambios en el sistema de prestaciones por desempleo, que lo deja para el 2022.

Este jueves el Gobierno y los agentes sociales vuelven a sentarse a negociar una prórroga de los ertes covid, que vencen el 31 de mayo y que actualmente dan cobertura a casi 640.000 trabajadores. No obstante, el Ejecutivo tiene en mente transitar de ese modelo excepcional para la emergencia sanitaria hacia uno estable y consolidado en el Estatuto de los Trabajadores. Su idea es hacer de este nuevo formato un alternativa al despido y tratar de minimizar las destrucciones de ocupación cuando la economía se contrae o entra en crisis.

Y para ello creará dos tipologías de erte. Uno para aquellas empresas con una pérdida de actividad temporal, pero cuyo modelo de negocio no está en riesgo, y otro para aquellas compañías que necesiten reestructurarse porque su mercado ha cambiado y deben reorientar su operaciones. Los detalles de estos dos modelos y el alcance que estos tendrán todavía es algo que el Gobierno deberá negociar con patronal y sindicatos, tal como reconoce en su Plan de Recuperación.

No obstante, esa negociación tendrá inicio y fin este 2021, pues el compromiso manifestado ante Bruselas es que la modificación del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores estará ya en el BOE antes de finalizar el ejercicio. Lo que no es incompatible con la introducción de un periodo de transición que podría retrasar hasta el 2022 su entrada en vigor. Fuentes consultadas del Ministerio de Trabajo no detallan si la prórroga de los ertes covid que comenzarán a negociar el jueves con los agentes sociales será la última o todavía habrá otra más hasta transitar definitivamente hasta el esquema de ertes poscovid.

La hucha de los ertes

El nuevo esquema de ertes mantendrá ayudas públicas para garantizar las prestaciones por desempleo a los trabajadores afectados y exonerar de costes laborales a las empresas que mantengan los contratos. Las exoneraciones covid actualmente en vigor van desde el 70% hasta el 100% y las nuevas cuantías no aparecen detalladas en los documentos de Moncloa. En el modelo alemán de 'Kurzarbeit', comúnmente citado en España como referencia, las empresas pueden reducir la jornada de sus empleados, mientras que el Estado se hace cargo de entre el 60% y el 87% del salario del trabajador.

El Gobierno sí ha avanzado a Bruselas cómo pretende financiar este nuevo mecanismo y será a través de una especie de hucha de los ertes. "Es preciso crear un instrumento de financiación permanente, que se debe financiar con aportaciones de empresas, trabajadores y Estado, que proporcione los recursos necesarios para la remuneración y formación de los trabajadores, en especial en fases recesivas graves que se puedan producir en el futuro", reza el detalle de la reforma seis del componente 23.

Como es habitual a lo largo del Plan de Recuperación, el detalle concreto de las medidas brilla por su ausencia. ¿Cuánto deberá aportar cada uno de los actores a ese fondo? No consta en el documento. Sí que se aprovecharán las épocas de bonanza para acumular el excedente de las cotizaciones para el desempleo -actualmente del 7,05%- para ir llenando esa hucha y gastarla luego durante los momentos de crisis. Si la hucha se vacía, será el Ejecutivo el que ponga la diferencia. Lo que no detalla el Gobierno es si prevé subir esa aportación del 7,05% para costear el nuevo sistema.

Y para los ertes de transición hacia un nuevo modelo de negocio, el Gobierno pretende crear un fondo mixto para costear cursos de recualificación de los trabajadores. Las empresas del sector en crisis pondrán una parte del dinero y el Estado otra parte y con esos recursos pagarán las formaciones de los trabajadores afectados, con el objetivo de o bien recolocarlos en otros sectores, o bien mantenerlos en la empresa para cubrir sus nuevas necesidades. Los agentes sociales deberán también negociar con el Estado otros matices de este nuevo modelo, como si las empresas que se beneficien de las ayudas podrán o no acometer despidos. Volviendo al modelo alemán, allí no pueden.

Reforma del desempleo y de los incentivos a la contratación para el 2022

La apretada agenda legislativa que el Gobierno ha comprometido en lo laboral dejará algunas materias para el 2022. Una inversión de 100 millones de euros para la economía social es una de ellas, aunque hay dos de especial calado que también deberán esperar: la reforma de las prestaciones por desempleo y la de los incentivos a la contratación.

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Uno de los propósitos de la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, es unificar el abanico de subsidios para desempleados que han agotado o no tienen derecho al mismo en uno solo. Este partirá del 80% del Iprem, lo que actualmente situaría la cuantía en 451,9 euros. Y su duración dependerá de diferentes variables, como la edad, la situación familiar o el tiempo que la persona lleva en desempleo. A la misma podrán acceder aquellas personas que acrediten más de seis y menos de doce meses cotizados. Esta reforma deberá esperar al 2022.

Y otra de las reformas de calado que también será asignatura del próximo curso será la reforma de los incentivos a las empresas para contratar. La cuantía que mueven estos fondos no es menor y en el 2018 ascendía a 2.000 millones de euros. La Airef ha reprendido al Gobierno por dispersar en demasía estas cantidades y recomienda enfocarlas a pocos colectivos, pero muy vulnerables. Ahí la lista la copan jóvenes, mujeres, parados mayores y migrantes. Las cuantías y las condiciones para cada empresa que ofrezca contratos indefinidos a esos colectivos vulnerables será algo que el Ministerio de Trabajo deberá negociar con los agentes sociales a partir del año que viene.

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