El Gobierno compensará a Abertis con 1.291 millones por la AP-7 este año
Solo recoge el saldo por inversiones, no las compensaciones por caída de tráfico que reclama la empresa
El próximo mes de agosto el Estado recupera el tramo catalán de esta autopista
Peaje de la AP-7 a la altura de Martorell (Barcelona). / Albert Bertran
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El PeriódicoEl Gobierno deberá compensar a Abertis este año con 1.291 millones de euros por la reversión al Estado del tramo catalán de la AP-7, que el próximo mes de agosto eliminará sus peajes y pasará a ser gratuita. El importe se abonará a la concesionaria de la autopista, Acesa, perteneciente a Abertis, y ésta, a su vez, a ACS y a la italiana Atlantia, según consta en el Plan de Estabilidad remitido a Bruselas.
Esta cantidad contrasta con los 4.200 millones de euros que Abertis reclama al Estado como consecuencia de las inversiones realizadas y por los descuentos en el peaje que la compañía realizó en este tramo de la AP-7 que discurre entre Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Jonquera, pero también por las compensaciones al descenso del tráfico durante la crisis financiera y la nueva crisis originada por el covid-19.
No obstante, el cálculo del Gobierno recoge solo el saldo por las inversiones realizadas y no la compensación por el descenso del tráfico, que todavía está pendiente de una resolución por parte del Tribunal Supremo, que se mostró en 2017 favorable a este pago, pero que el entonces Ministerio de Fomento recurrió.
Este contencioso entre Abertis y el Estado tiene su origen en un acuerdo de 2006 por el que la empresa se comprometía a realizar obras de ampliación y mejora en la AP-7 y a aplicar descuentos en sus peajes y el Estado a asumir el riesgo de tráfico de la autopista en caso de que el número de usuarios no alcanzara ciertos niveles.
No obstante, en 2011, el nuevo Gobierno comenzó a plantear dudas sobre la interpretación de este acuerdo en cuanto a las compensaciones por tráfico, lo que abrió un infructuoso intercambio de consideraciones e informes entre Abertis y el Gobierno, derivando finalmente a los tribunales.
En el Plan de Estabilidad presentado ahora a Bruselas, el Gobierno recuerda que este importe se verá compensado por el impacto en 2020 de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, relativa a las cantidades adeudadas a Bankia, Caixabank y al Banco Santander por el almacenamiento subterráneo Castor por 1.454 millones de euros, sin correspondencia en 2021.
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