Nuevo grupo de trabajo

Los colegios profesionales se unen para instar a mejorar la eficiencia de la Administración

Los colegios de economistas, abogados e ingenieros animan a avanzar en la modernización de la "telaraña reguladora"

Oriol Amat, Oriol Altisench, Josep M. Balcells y Andreu Ulied, durante la presentación del grupo de trabajo colegial para la mejora de la Administración.

Oriol Amat, Oriol Altisench, Josep M. Balcells y Andreu Ulied, durante la presentación del grupo de trabajo colegial para la mejora de la Administración.

Eduardo López Alonso

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Los colegios de economistas, abogados y de ingenieros de caminos reclamaron este miércoles unas administraciones más "sensibles, eficientes y competitivas" para gestionar los Fondos Next Generation-EU y garantizar la recuperación económica. El desgobierno y el conflicto entre administraciones ha impulsado la creación de un frente común colegial para instar a mejorar la calidad de las administraciones en pro de la recuperación económica y el mejor aprovechamiento de los recursos. Los colegios han presentado de manera conjunta el bautizado como Grupo de Trabajo de Evaluación de Políticas Públicas (GTAPP) y un documento con 12 propuestas de mejora para unas administraciones más "sensibles , eficientes y competitivas". Aseguran que es la primera vez que, desde el mundo profesional, tres colegios profesionales suman esfuerzos para avanzar en este debate, y que se pone al alcance de la sociedad civil y de otros colectivos profesionales que deseen adherirse.

Las 12 propuestas a la Administración

1. Tomar conciencia de la baja calidad de las Administración pública.

2. Es necesario ser conscientes de que las decisiones políticas tienen un impacto directo en las instituciones y no deben ser tomadas desde el tacticismo político.

3. La separación creciente entre el discurso político y los problemas sociales es evidente y contrasta con la velocidad de las empresas a la hora de reinventarse. La Administración debe reinventarse de manera más rápida y apoyándose en colaboraciones público-privadas.

4. Se ha de evitar la judicialización de las decisiones públicas. La decisión final no debe quedar en manos de los jueces.

5. Las diputaciones provinciales siguen siendo imprescindibles para apoyar a los municipios. Es necesaria más cooperación entre municipios.

6. La cooperación entre territorios, sectores y grupos de interés requiere mayor voluntad política. Es necesario un marco legal y financiero favorable.

7. El concepto de interés general y de interés público como criterio instrumental debe determinarse con suficiente claridad y transparencia en las políticas públicas.

8. Hay que promover el gobierno en red y descentralizar la toma de decisiones en el territorio.

9. Es necesario promover mayor transparencia para que sea un instrumento y no un lastre al servicio de la eficacia y la eficiencia en la actuación de los poderes públicos. La democracia, en su dimensión de participación organizada de los ciudadanos en las decisiones sobre los asuntos públicos, conlleva una serie de valores y de procedimientos a orquestar y equilibrar.

10. Repensar las condiciones de acceso a la función pública para promover la captación de talento.

11. Mayor formación interdisciplinar, técnica, económico-financiera y legal de profesionales de las administraciones para aumentar la inteligencia corporativa y la sensibilidad social de aquellos que deben asesorarlos, con juicios objetivos sobre el interés general, el interés público y la viabilidad y factibilidad de sus decisiones.

12. Poner en valor aquellos instrumentos organizativos que ayudan a separar más claramente el rol político del rol del funcionario / directivo público en la gestión, y que refuerzan el papel estratégico de la dirección profesional en la función pública.

El grupo de trabajo está coordinado por Andreu Ulied, que ha presentado un documento de 12 propuestas. Ulied lamentó "la gran desconfianza entre administraciones públicas de todas las escalas y sectores, entre administraciones y ciudadanos, entre los profesionales de la administración y los políticos. Hay una gran asimetría entre la capacidad de gestión y planificación de las entidades públicas y de las grandes empresas privadas, a favor de los privados".

"La regulación está siendo cada vez más complicada, al convertirse en una telaraña de administraciones que se complica más cuando llega a Catalunya", ha advertido el decano del Col·legi d'Economistes, Oriol Amat. Ha reiterado que "potenciar la capacidad de nuestras instituciones de gobernar un mundo de una complejidad creciente es hoy un debate necesario y urgente" y más ante unos Fondos Next Generation-UE que "constituyen una prueba decisiva para medir la madurez de nuestras administraciones públicas y de su capacidad para hacer frente a este reto, y dotarlas de todos aquellos recursos necesarios que coadyuven a la canalización eficaz y eficiente de este plan".

Para el decano del Col·legi de l’Enginyeria de Camins, Oriol Altisench, la creación de un grupo de trabajo colegial es un gran paso para que las administraciones mejoren su capacidad de tomar decisiones con el asesoramiento profesional menos vinculado a presiones políticas coyunturales. "Tenemos grandes desafíos, la salida de la crisis provocada por la pandemia, pero también el cambio climático, transición energética o los grandes cambios urbanos ligados al urbanismo y la movilidad. Y todos estos desafíos piden la responsabilidad, la exigencia y el compromiso de profesionales, empresas, entidades de la sociedad civil y administraciones", remachó Altisench.

El decano de la Junta Provisional del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Josep M. Balcells, explicó que las 12 propuestas "deben ser vistas como una oportunidad para la cooperación efectiva entre las administraciones. Al margen de su ámbito territorial, las administraciones públicas deben favorecer el trabajo a través de estructuras más flexibles para ofrecer servicios básicos a la ciudadanía de manera más eficiente y coordinada". Balcells ha reclamado una "compliance del sector público -cumplimiento normativo y ético, como mecanismo para garantizar que éstas se gestionen de forma más transparente. Hay que ofrecer mejores servicios y dar respuestas de mayor calidad a la ciudadanía, contribuyendo a mantener la sociedad del bienestar y la defensa de los derechos humanos".