Las comunidades aspiran a recuperar 2.800 millones tras el fallo del Supremo sobre el IVA autonómico

El Tribunal Supremo ha dado la razón al gobierno regional de Castilla y León en su contencioso con el Estado respecto a la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica correspondiente al ejercicio del 2017, en particular en lo relativo a los ingresos derivados del IVA.

El fallo del tribunal condena a la Administración del Estado a compensar a la comunidad autónoma con la cantidad que corresponda y que se fijará en la ejecución de la sentencia. Lo que no acepta la Sala Tercera es que sean 182 millones de euros, como reclamaba la Junta. La sentencia explica que la cuantía vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de doce mensualidades, y no de once, como aplicó el Ministerio de Hacienda.

El Departamento de la ministra María Jesús Montero expresó este martes que estudiará y cumplirá el fallo a favor de Castilla y León. Además desde el Ejecutivo se aseguró que si se paga a una comunidad se pagará a todas. Hace un año se estimó que la cantidad pendiente de pago podría ascender a 2.800 millones para el conjunto de las comunidades ( 443 millones en el caso de Catalunya). Tras conocer el fallo, la mayor parte de las comunidades instaron a Hacienda a acelerar el pago de los atrasos.

Problema heredado

El contencioso viene de lejos. En el 2017 el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, del Partido Popular, implantó el nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA para grandes empresas que entró en vigor en julio del 2017. El cambio provocó que la recaudación del IVA del mes de noviembre, que se debía ingresar en diciembre, se trasladara en términos de caja a enero del año siguiente, 2018. Eso llevó a que dos años después, en 2019, cuando se realizó la liquidación definitiva de la financiación autonómica del 2017, solo se tomaran en cuenta once meses.

El primer Gobierno socialista intentó enmendar el problema en el proyecto de Presupuestos del 2019 añadiendo 2.800 millones adicionales a cuenta de la liquidación definitiva del 2017. Sin embargo el proyecto de Presupuestos del 2019 no salió adelante. En el 2020, el nuevo Gobierno socialista, con la misma ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adujo que ya no era posible modificar la liquidación definitiva del 2017 y aunque intentó compensar a los gobiernos regionales por otras vías, estos lo juzgaron insuficiente.

La Generalitat de Catalunya fue la primera en presentar un recurso para reclamar las cantidades pendientes en agosto del 2019. También lo hizo Madrid. La mayor parte de las comunidades presentaron sus propios recursos después de febrero del 2020.

El primero de los recursos resueltos ha sido ahora el relativo al gobierno castellano leonés. "Castilla y León gana y Sánchez pierde", afirmó este martes su presidente, Alfonso Fernández Mañueco. Desde las comunidades del PP, Madrid instó a la ministra Montero a dejar de “esconderse” y liquidar la deuda. Andalucía confió en recibir el IVA pendiente tras el “varapalo” a Montero.

Desde las comunidades socialistas, Asturias juzgó un “buen precedente” el fallo del Supremo y Castilla-La Mancha también confió en recuperar los 130 millones que, según sus cálculos, le corresponderían.