Empleo público

Iceta plantea a autonomías y municipios limitar a tres años las plazas de interinaje

  • El ministro de Función Pública y Política Territorial prevé cerrar "antes de verano" una reforma para reducir el 28% de temporalidad presente entre los trabajadores del sector público, con el objetivo de bajarla al 8%

Iceta pide a Esquerra resolver con el diálogo cuantos más problemas mejor. / EFE / CHEMA MOYA / VÍDEO: EFE

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El ministro de Función Pública y Política Territorial, Miquel Iceta, ha planteado que las plazas de interinos no puedan estar ocupadas durante más de tres años por la misma persona. Así se lo ha verbalizado este jueves en el Senado y así se lo trasladará a las comunidades autónomas y a los sindicatos en la reforma que prepara para tratar de reducir el 28% de temporalidad vigente actualmente en el sector público y que afecta a 925.900 personas, según los últimos datos del INE.

Sindicatos como el CSIF no han tardado en reaccionar al anuncio y han reclamado una reunión urgente con el ministro para que les detalle el calado de las modificaciones, pues desconocen como se sancionará a las administraciones que incumplan y cómo se promoverá que los interinos que hace años que están sin plaza no pierdan su puesto ante unas nuevas oposiciones.

Reducir las elevadas cotas de interinidad y eventualidad en la función pública es asignatura pendiente de los diferentes Gobiernos de España desde hace décadas. Ahora este es uno de los compromisos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trasladará a Europa, tal como consta en el Plan de Recuperación publicado por Moncloa. Y el objetivo que se ha marcado Iceta es pasar de ese 28% al 8%; cifra ya contemplada en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). "Mi compromiso es que antes de verano las comunidades autónomas, entes locales y sindicatos alcancemos un acuerdo sobre todas estas cuestiones", ha declarado en la Comisión de Función Pública del Senado.

Y el grueso de esta batalla se encuentra en las autonomías y en los municipios, que son las que emplean al grueso de los trabajadores del sector público. Concretamente el 80% de los 3,2 millones de personas que están asalariadas por la Administración en España. Y más concretamente en sectores como la sanidad o la educación. Entre las dos suman 576.300 trabajadores temporales en todo el país. En la administración estatal los porcentaje de interinaje son menores y la temporalidad ya está cercana a ese 8% que ambiciona extender Iceta al conjunto del sector público.

Los tribunales europeos ya han reprendido a España en varias ocasiones por dicho abuso de la temporalidad y las plataformas de interinos llevan meses movilizándose. Pues hay interinos que acumulan hasta 20 años en la misma plaza sin que la Administración convoque oposiciones para consolidar ese empleo estructural. En Catalunya, dos dirigentes de la 'conselleria' de Polítiques Digitals i Administració Pública están siendo investigadas judicialmente por dicho abuso.

¿Cómo se sancionará el abuso?

"Reformaremos el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo. El objetivo es desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima”, ha afirmado Iceta en el Senado.

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La incógnita está en cómo se sancionará a aquellas administraciones que incurran en dicho abuso. Pues una de las reprimendas venidas desde el TJUE es que la administración española carece de mecanismos para multar o desincentivar a quienes cronifiquen esas situaciones de interinidad, tan habituales hoy en día.

Iceta también ha manifestado su voluntad de "promover la estabilización" de aquellos trabajadores que con contrato temporal vengan desempeñando desde hace años una faena estructural. Pues durante los últimos meses varias administraciones han reactivado, después de años o incluso décadas sin convocatorias, nuevas oposiciones; con unas condiciones que dificultan o conceden poca ventaja a aquellas personas que ya vienen demostrando su validez para el puesto desde hace años. Iceta deberá pactar este punto con sindicatos y autonomías y no ha avanzado detalles sobre la fórmula.