Foment defiende ubicar en Barcelona servicios de la CNMV

Foment del Treball ha entrado en el debate de la descentralización de organismos públicos. La patronal catalana apoya la proposición no de ley que ha presentado el grupo parlamentario de ERC en el Congreso de los Diputados para que los servicios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de control, seguimiento y ejecución del SandBox financiero se ubiquen en Barcelona.

En un comunicado emitido este marte, la entidad presidida por Josep Sánchez Llibre afirma que el Sandbox es un espacio de pruebas para proyectos financieros que aporten innovación tecnológica y valor añadido para clientes y mercados. Foment defiende que Barcelona mantiene la cuarta posición como ciudad europea más atractiva para las empresas 'fintech', solo por detrás de Londres, Berlín y París, según el último informe del índice de empleo 'fintech' en Europa.

El 'Regulatory SandBox' contará con una "férrea vigilancia de las autoridades", en defensa de los consumidores, y en su supervisión participarán el Banco de España, la CNMV y la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones, explica la patronal. "Barcelona tiene la capacidad y potencial para crear un entorno propicio y atraer el desarrollo de empresas 'fintech', y promover la colaboración entre talento y organizaciones que permitan acelerar el ecosistema tecnológico", ha señalado la patronal.

La iniciativa de Foment tiene que ver con otros proyectos como el que planteó la actual junta directiva del Cercle d'Economia presidida por Javier Faus, en línea con la idea de la cocapitalidad de Barcelona en España. En anteriores legislaturas ya se produjeron intentos de descentralización como la llevada a cabo con el traslado a la capital catalana en 2004 de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, integrada luego en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Eso fue frtuo de un pacto entre los presidentes socialistas del Gobierno y de la Generalitat, José Luis Rodríguez Zapatero, y Pasqual Maragall, y la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo llegó a tachar de "deportación". Y además en el 2006 logró que el Tribunal Supremo lo invalidara.