Negociación en curso
Escrivá renuncia compensar los años de IPC negativo en la revalorización de las pensiones
La propuesta inicial del Gobierno pretendía que las pensiones subieran menos en los años venideros si venían de un ejercicio con el IPC negativo, para así contener el gasto público
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El Gobierno ha renunciado a introducir un factor de compensación en la revalorización de las pensiones, que hubiera moderado los incrementos futuros en el caso de que en los años precedentes hubiera habido algún ejercicio con el IPC negativo. La intención de esta fórmula, que se ha caído de las mesas de negociación, era compaginar el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas con la contención del gasto público. Este ha sido uno de los elementos pactados este lunes entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y los sindicatos, según han confirmado varias fuentes conocedoras de las conversaciones.
Las negociaciones en el seno del diálogo social para tratar de hallar un acuerdo para una nueva reforma de las pensiones avanzan y este lunes el Ejecutivo ha realizado una renuncia para tratar de cultivar el máximo consenso entre las partes. Pues los sindicatos se habían opuesto a cualquier revisión a la baja y recelan de parte de la reforma que les plantea el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá. "El Gobierno finalmente ha renunciado a ese planteamiento y no se produciría esa compensación en años sucesivos", han afirmado desde CCOO. La carpeta acordada este lunes en las mesas de diálogo social es una de las muchas aristas que constituyen la nueva reforma y que todavía no está cerrada.
La hoja de ruta inicialmente planteada por el ministro Escrivá pasaba por revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior. Con un matiz, que en caso de que el IPC hubiera sido negativo, en los tres años precedentes se realizaría un cálculo para tratar de compensar esa puntual ganancia de poder adquisitivo y contener así la subida del gasto público. Es decir, si la inflación al cerrar el año había sido del 1%, las pensiones subirían el 1%. No obstante, si el IPC hubiera sido negativo, entraba en juego la clausula para contener el gasto. Es decir, si el IPC hubiera sido del -1%, las pensiones ese año no hubieran subido (la revisión se hubieran quedado en el 0%), pero esa ganancia extra de poder adquisitivo se hubiera compensado descontando parte de la subida de los tres años posteriores, en caso de que en estos el IPC sí hubiera sido positivo.
Esta fórmula ha sufrido diversas modificaciones en los meses que llevan los agentes sociales y el Ejecutivo negociando la nueva reforma de las pensiones. Este elemento es uno de los pilares del primer bloque de reformas que el Gobierno ha prometido acometer durante el presente ejercicio, con vistas a que estas estén vigentes ya para el 2022. Este primer bloque combina una serie de incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva, así como un nuevo cálculo para ir actualizando las pensiones cada año. Este último punto ha ido cambiando, pues inicialmente Escrivá planteó que las pensiones fueran revisadas en función a una media móvil durante un periodo de cómputo de cinco años.
Después este elemento cambió, tras la presión sindical, que entendía que era una fórmula excesivamente compleja para ser entendida por la ciudadanía. Luego se pasó a la fórmula que se ha caído este lunes de la negociación. Y que ha vuelto a cambiar, en aras de desatascar las mesas. Pues encima de la mesa siguen habiendo varios elementos polémicos y que prometen despertar el rechazo de los sindicatos y parte del arco parlamentario.
Las incógnitas del factor de sostenibilidad y del sistema de cálculo
La fórmula de revalorización no será, presumiblemente, el nudo gordiano de la nueva reforma de las pensiones. Ese papel prometen jugarlo dos de los compromisos remitidos a Europa y que el Gobierno ha dejado para una segunda fase de las negociaciones: la sustitución del factor de sostenibilidad y la revisión del cálculo de la pensión, en función de los años cotizados. Si bien sobre otras cuestiones Escrivá ha sido bastante más explícito, en estas dos hay un halo de incertidumbre.
En ambas cuestiones ha prometido superar las reformas del PP y que no introducirá ningún cambio que suponga un "recorte" en el sistema. No obstante, el factor de sostenibilidad pretende derogarlo y sustituirlo por un indicador que, junto a otros elementos, tenga en cuenta la esperanza de vida. Uno de los puntos más criticados de la reforma del PP. Y, en el cálculo de la pensión futura, también aboga por "adecuar a las nuevas carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación"; según consta en el Plan de Recuperación publicado por Moncloa.
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