Plan de Recuperación

El Gobierno promete a Bruselas ligar las pensiones a la esperanza de vida

  • El Ejecutivo pretende suprimir el factor de sostenibilidad heredado del PP, pero no renuncia a vincular las jubilaciones a la esperanza de vida, junto a "otros indicadores complementarios"

  • La supresión de este indicador genera tensiones en el seno de la coalición y entre los sindicatos, que abogan por desvincular los años de vida con el importe a percibir de los pensionistas

Jubilados conversando en Barcelona.

Jubilados conversando en Barcelona. / MANU MITRU

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El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a poner en marcha una reforma del sistema público de pensiones que, entre otros elementos, incluye ligar la cuantía de la prestación a la creciente esperanza de vida de los jubilados, con la consiguiente reducción de la prestación a medida que aumente la expectativa vital de los próximos pensionistas. Así se desprende del proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha elaborado el Ejecutivo para su remisión a Bruselas antes del 30 de abril, cuyo contenido de 211 páginas más anexos hizo público el Gobierno este martes.

El Plan de Recuperación, con sus compromisos de reformas estructurales, es la condición de la Unión Europea para hacer llegar a España los 140.000 millones que le corresponden del plan europeo 'Next Generation'. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentó este martes, los 20 principales proyectos de inversión de los 69.528 millones que llegarán en forma de dinero a fondo perdido en los tres próximos años, hasta el 2023. También citó las 20 principales reformas estructurales que el Ejecutivo deberá culminar, a cambio; entre ellas, la reforma de la pensiones que exige Bruselas para la sostenibilidad del sistema.

En el proyecto de Plan de Recuperación, el Gobierno habla de la "sustitución del factor de sostenibilidad" que había impulsado el Gobierno del PP para reducir las pensiones a medida que aumenta la esperanza de vida. En su lugar, propone "un mecanismo de equidad intergeneracional" y explica que este nuevo instrumento implica incorporar, "junto a la evolución de la esperanza de vida" otros "indicadores complementarios" que no detalla, pero que tendrían como objetivo ofrecer "una imagen mas fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población".

El texto incorporado en el documento por el ministro José Luis Escrivá, y asumido por el Gobierno, no es de fácil comprensión, pero sí deja claro que la mayor esperanza de vida se tendrá en cuenta en la determinación de la cuantía de la pensión.

Herencia del PP

La supresión del factor de sostenibilidad del PP fue una de las exigencias de Unidas Podemos en su acuerdo de coalición con el PSOE; también es una preocupación entre los sindicatos y partidos de izquierda, que abogan por desvincular los años de vida del importe de la pensión. Escrivá se comprometió, en su comparecencia este pasado lunes en la comisión del Pacto de Toledo, a que no efectuaría "ningún recorte" sobre las pensiones, pero no acabó de despejar las dudas de algunos de sus ponentes ante la fórmula que sustituiría uno de los elementos más polémicos de la reforma introducida por el PP en el 2013: el factor de sostenibilidad. Este, a grandes rasgos, implica reducir el importe de la pensión a medida que aumenta la esperanza de vida de los nuevos pensionistas que se incorporan al sistema. Según diferentes estimaciones, este mecanismo podría suponer un recorte de la pensión del 12% para los nuevos pensionistas del 2040. De momento el mecanismo que introdujo el Gobierno del PP nunca ha llegado a aplicarse, pues se pospuso hasta el 2023. La agenda de reformas del Gobierno pretende tener vigente su sustituto en el 2022.

El ministro Escrivá reconocía este lunes, haciéndose eco de los datos de la propia Comisión Europea, que el mantenimiento del factor de sostenibilidad podía suponer una pérdida de poder adquisitivo acumulada para los pensionistas del 30% de media si este se mantenía hasta el 2050.

IPC, jubilación demorada y planes de empresa

La reforma más inmediata, pese a que tampoco está cerrada todavía, es que a partir del año próximo las pensiones se revalorizarán en función del IPC del año anterior. Con una posible posterior corrección a la baja en un cómputo a tres años vista, en el caso de que hubiera habido en ese tiempo ejercicios con una inflación negativa. Este pretende, a corto plazo, que los pensionistas "no pierdan poder adquisitivo", según este pasado lunes ante el Pacto de Toledo. Y el resto de los principales puntos planteados por Escrivá a Bruselas buscan apuntalar y contener los gastos asumidos por la Seguridad Social.

Estos ya los ha ido desgranando el ministro en los últimos meses, como los incentivos a la jubilación demorada (con cheques de hasta 12.000 euros por cada año de retiro pospuesto) o el aumento de las penalizaciones en las jubilaciones voluntarias anticipadas. También la nueva fórmula de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, que pretende tener ya en marcha para inicios del 2022. O los incentivos para promover planes de empresa para complementar las pensiones.

Política activas de empleo como prioridad

En materia laboral las reformas remitidas a Bruselas no incorporan novedades en lo referente al contenido respecto a las ya remitidas el pasado diciembre. No en cuanto a forma, sí en cuanto a tiempo. El Gobierno se compromete a abordar en el primer semestre del 2021 un plan de choque contra el desempleo juvenil, la modernización de las políticas activas de empleo, la digitalización y modernización del SEPE y el establecimiento de un mecanismo transitorio de ertes hasta finales de 2021 que impulse la reincorporación de los trabajadores.

Estas son las áreas de reforma en las que más ha insistido la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en línea con lo que también demanda la patronal CEOE. Esta parte de la agenda se coloca así en el tiempo por delante de la derogación parcial de la reforma laboral que también persigue la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, y que no figura con compromiso de fecha en el proyecto de Plan de Recuperación publicado este martes.

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El documento alude a que "en paralelo" a la agenda del primer semestre "se negociarían las reformas de mayor calado, avanzando con cinco elementos: simplificación de contratos, nuevo mecanismo de estabilidad en el empleo y apoyo a la transición, modernización de la negociación colectiva, regulación de subcontratas y revisión de bonificaciones" a la contratación.

Elementos actualmente en discusión con patronal y sindicatos, donde la primera no quiere hablar del tema y los segundos tienen prisa. La ministra de Trabajo se comprometió públicamente a que un primer bloque de esa contrarreforma laboral estaría aprobado antes de acabar este año, aunque esas fechas no se reflejan así de explícitamente en los documentos remitidos a Bruselas.