Por orden de la Audiencia Nacional

La Guardia Civil registra la sede de Abengoa por dos posibles delitos contra los consumidores

  • La multinacional se encuentra actualmente en concurso de acreedores

La Guardia Civil registra la sede central de Abengoa. En la foto, dos agentes durante el registro de la sede de Abengoa en Sevilla por delitos societarios y contra el mercado y los consumidores. / EUROPA PRESS / EDUARDO BRIONES / VÍDEO: EFE

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Una veintena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un registro en el área administrativa y contable de la sede central de Abengoa, en el Campus Palmas Altas de Sevilla.

La operación policial se inició a las 9 de la mañana de este martes, con la participación de guardias desplazados a Sevilla desde Madrid, en un operativo instado la pasada semana por el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional. Los guardias han identificado a los trabajadores del edificio B del complejo y han requerido la presencia de mandos intermedios administrativos para la realización del registro.

En la operación de la UCO, en el marco de una investigación declarada secreta por el magistrado Ismael Moreno, se realizan averiguaciones, según fuentes conocedoras del caso, sobre dos supuestas figuras delictivas contra los consumidores, sin descartar el concurso de un delito societario. En el abanico de delitos contra los consumidores entra el de la venta de deuda en términos de estafa a los inversores.

Las fuentes consultadas han descartado que el objetivo de registro sea, en esta fase de la investigación, la actuación o la persona de ningún directivo en concreto de la multinacional energética, que extiende su actividad también en los sectores de agua e infraestructuras.

La firma andaluza se encuentra desde febrero pasado en concurso de acreedores, en trámite en los juzgados mercantiles de Sevilla. En marzo pasado, Abengoa solicitó un rescate a la SEPI por valor de 249 millones de euros para AbenewCo, sociedad a la que la multinacional ha traspasado el grueso de sus activos más valiosos. La firma arrastra una deuda cercana a los 6.000 millones de euros que su anterior cúpula, encabezada por Gonzalo Urquijo, no pudo renegociar con los acreedores.

Los guardias civiles que han participado en el registro han precintado y retirado de la sede de Abengoa medio centenar de ordenadores de las áreas de contabilidad y auditoría interna, según ha contado a las puertas de Palmas Altas la presidenta del comité de empresa de Abengoa Energía, Laura Rodríguez, a los periodistas congregados allí. 

A media mañana de este martes, los guardias han indicado a los trabajadores del edificio B del complejo de Abengoa que podían irse a casa, pues no van a poder acceder a sus puestos de trabajo en toda la jornada. 

El comité de empresa de Abengoa Energía ha pedido ya información a la firma sobre lo que está sucediendo, de momento sin resultados.

Borrasca esperada

La noticia del registro en la sede de Abengoa no ha provocado una gran sorpresa en el bufete madrileño Navas & Cusí. Su principal abogado, Juan Ignacio Navas, ya aventuró "un futuro negro" para la compañía. Navas, representando a un importante núcleo de accionistas pequeños, consiguió en noviembre pasado el cese del Consejo de Administración de Abengoa encabezado por Gonzalo Urquijo, tutelado a su vez por el Banco Santander. Era la primera vez que era descabezada la cúpula de una empresa cotizada en España.

"No se puede salvar a una compañía ignorando a sus accionistas", comenta Navas, que dejó la representación de los minoritarios cuando se extendió entre ellos una fuerte división.

Fue al poco de un capítulo histriónico del historial de la multinacional, en enero pasado, cuando el exvicepresidente de Coca Cola España y exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto intentó encabezar una alternativa a la cúpula cesada, representando a los accionistas minoritarios agrupados en la plataforma Abengoa Shares, en la que entraría su propia cuñada.

De Quinto se retiró repentinamente de la carrera por gobernar la compañía, quedando esta abocada al concurso de acreedores.

Uno de los cientos de ellos es un economista de Lleida, Joan Valls i Ribes, al que sí ha sorprendido el registro de la Guardia Civil. "No pensé que Abengoa pudiera llegar a esa situación", comenta a EL PERIÓDICO desde la República Dominicana, donde se encuentra de viaje.

Valls se enfrentó en solitario con Abengoa entre 2017 y 2019. Si el abogado de la calle Velázquez de Madrid Navas representó en su día los intereses de los accionistas, el economista Valls encarnó desde un modesto despacho de autónomo en Lleida la indignación de los bonistas, el otro flanco de las acciones judiciales que cercan a los directivos de la empresa.

Valls había comprado bonos de deuda de la compañía y estuvo al borde de perder todo su dinero invertido. "Fui un poco arriesgado, y concentré mucho valor importante para mí", cuenta Valls. Había adquirido en su día los bonos con la promesa de un 8,5% de interés, pero en el proceso de caída de Abengoa llegaron a ofrecerle una devolución de solo el 3% de lo invertido, en diez años y sin intereses, "o sea, en realidad un 1,5%".

"A los bancos les ofrecían unas condiciones mucho mejores que a los bonistas de a pie", relata. Durante el mes de julio de 2017 Joan Valls se sentaba, a veces en solitario, en la sala de audiencias de los juzgados mercantiles de Sevilla, a presenciar la vista por los recursos contra esta diferencia en las quitas de las deudas de Abengoa.

En enero de 2019, tras presentar en un juzgado civil de Lleida una demanda ejecutiva, Abengoa se avino a negociar con él. El juez había apreciado "desproporción" entre el trato a los grandes bancos y los ofrecimientos a los pequeños inversores. Ahora le devolverían un 85% de la deuda, y un 15% se iba a quedar pendiente hasta... el pasado 25 de marzo. Abengoa está ya en concurso. "En la compañía no contestan, estamos en tinieblas", comenta Valls.

Pesquisas judiciales

El juez Moreno instruye una querella presentada por una plataforma de afectados por la gestión en Abengoa contra el expresidente Felipe Benjumea, el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega y contra el último Consejo de Administración por supuestas estafas, delitos contables y contra los derechos de los consumidores. Es la investigación Abengoa II, en la que se enmarca la actuación de la Guardia Civil este martes en Sevilla.

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Pero Abengoa dio trabajo antes a la Audiencia Nacional. En enero de 2018, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia descartó que hubiera delito de administración desleal en las indemnizaciones que se otorgaron en 2015 Benjumea (11,5 millones) y Sánchez Ortega (4,5 millones), pese a que la compañía, ya en mal estado de salud, iniciaba su camino hacia la insolvencia.

La fiscalía había pedido cinco años de cárcel para Benjumea y cuatro años y tres meses para Sánchez Ortega, entre otros encausados.