230.000 empleados de la Administración General del Estado podrán teletrabajar tres días a la semana

Los empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) podrán teletrabajar hasta un máximo de tres días a la semana. Así lo han acordado y firmado este lunes el Ministerio de Función Pública y Política Territorial y los sindicatos con la representación mayoritaria, que culminan así cinco meses de negociaciones y dará cobertura un total de 230.395 empleados públicos. El texto rubricado por las partes excluye del mismo a todos aquellos trabajadores ubicados en puestos que requieran de presencialidad, es decir, asegura la atención en ventanilla o similares para el ciudadano de a pie. Y, a su vez, remite siempre a la "voluntariedad" del trabajo a distancia para los empleados, por lo que aquellos que no quieran teletrabajar no estarán obligados a hacerlo.

El entente firmado este lunes por el ministro Miquel Iceta y CSIF, UGT, CCOO, CIG y ELA da continuidad al acuerdo marco rubricado en septiembre del 2020, cerrado en paralelo a la nueva ley del teletrabajo para el sector privado. Dicho acuerdo era un paraguas para todo el sector público y debían ser luego cada departamento quien negociará con sus trabajadores sus acuerdos concretos de teletrabajo, adaptados a la casuística de cada instancia. Así lo han aterrizado este lunes en la Administración General del Estado (AGE), un colectivo que agrupa a los funcionarios del SEPE o de la Tesorería General de la Seguridad Social, entre otros.

El entente, no obstante, excluye a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la policía o de los juzgados, que pertenecen a la AGE pero quedan excluidos de este acuerdo por sus particularidades. Es decir, el agente policial que renueva DNIs o patrulla, el mecánico de aviones militares o el administrativo de los juzgados, no podrán acogerse a este marco de teletrabajo. Lo que deja, según cálculos sindicales, a unas 230.395 personas cubiertas por este nuevo acuerdo.

El trabajo a distancia es una modalidad en proceso de despliegue, tanto en la función pública, como en el sector privado. En Catalunya, los empleados públicos de la Generalitat fueron pioneros en cerrar un acuerdo de teletrabajo con la administración catalana y, antes de la pandemia, 40.000 trabajadores ya podían ejercer dos días a la semana a distancia.

¿Quién podrá pedir teletrabajar?

En la Administración el teletrabajo se acuerda por capas. Ahora que se ha cerrado el entente para la AGE, que a su vez venía del acuerdo marco del sector público, deberá ser "cada departamento ministerial u organismo público", según el texto del acuerdo, quien realice un estudio previo de los puestos que puedan ser desempeñados mediante teletrabajo. Y, a partir de ese estudio, negociar con los sindicatos una serie de objetivos para pactar el ejercicio a distancia durante un máximo de tres días a la semana. 

Una vez determinados qué puestos pueden realizar sus funciones a distancia y cuáles no, los empleados de la AGE que puedan y quieran trabajar a distancia deberán presentar anualmente una solicitud ante su departamento, mediante una serie de convocatorias públicas que periódicamente se irán habilitando. Y dicha petición deberá ser autorizada por parte de un superior jerárquico. La denegación del ejercicio de dicho derecho "habrá de ser motivada, sin que el mero cumplimiento de los requisitos para el acceso a la convocatoria presuponga la concesión", detalla el acuerdo firmado este lunes. 

¿Qué derechos tendrán los teletrabajadores?

El pacto social contempla que la Administración tenga la obligación de dotar de "un equipo informático con tarjeta de datos y las aplicaciones, herramientas ofimáticas y de ciberseguridad necesarias para su actividad", así como toda la formación necesaria para utilizarlas. Los teletrabajadores deberán realizar el mismo número de horas que trabajarían presencialmente y registrar correctamente su jornada (fichaje). No obstante, el acuerdo contempla unas horquillas de cierta flexibilidad y, mientras empleado y superior pacten unas franjas de disponibilidad, el trabajador podrá hacer sus horas cuando estime oportuno.

El despliegue del teletrabajo deberá tener en cuenta "especialmente" la perspectiva de género y de corresponsabilidad, así como los "posibles impactos psicosociales" y los efectos de "carácter geográfico"; para que teletrabajar no sea sinónimo de más cargas de cuidados para las mujeres. Y el acuerdo deja claro que la introducción de la modalidad a distancia no puede ser un perjuicio ni para los que decidan teletrabajar, así como los que no puedan o no quieran.