El Ayuntamiento de Barcelona quiere gravar el reparto a domicilio de las compras ‘online’

Los impulsores de la nueva tasa, con el teniente de alcalde, Jaume Collboni, y la concejala de comercio, Montse Ballarín, al frente, consideran que la iniciativa está plenamente justificada tanto por motivos fiscales como económicos, tanto por el apoyo al comercio tradicional como para proteger el medioambiente al limitar el crecimiento desaforado del transporte de paquetería en la ciudad. 

El actual marco legal impide que la tasa sea formalmente un impuesto para evitar que sea considerada una ayuda de Estado para los sectores no incluidos, según los asesores legales de la iniciativa. La idea, que nació de la demanda del propio sector comercial, es gravar «la ocupación del dominio público que estas empresas ‘on line’ realizan de forma intensiva». La solución pasa por aplicar una tasa a los operadores postales, pero no perjudicar ni a los ‘riders’ ni al comercio local, con un coste añadido de estacionamiento para vehículos de tracción mecánica de más de dos ruedas que realicen una actividad de entrega domiciliaria de envíos. 

Esta tasa sería por estacionamiento regulado en la vía pública para la entrega de envíos postales a consumidores finales, por lo que quedaría excluida del gravamen la entrega de productos entre empresas. Si incluiría la actividad típica de firmas como Amazon tanto en los casos en que se vende inventario propio como en los que se comercializan productos de terceros, si dichas empresas ‘on line’ ofrecen y realizan las actividades de logística de la entrega (recogida, admisión, empaquetado, almacenamiento, clasificación, tratamiento, curso y transporte entre los distintos centros logísticos, transporte desde los centros logísticos al punto de distribución final y desde el punto de distribución final se produce la entrega al consumidor final –última milla-). La medida afectaría directamente a las empresas postales cuando la entrega procede del comercio ‘on line’, por lo que las plataformas de comercio electrónico estarían incluidas en ese supuesto. 

Como consecuencia de ese marco legal municipal, cualquier operador postal quedará afectado si entrega mercancías compradas en establecimientos mercantiles (presenciales), «pues su exclusión sería imposible desde la perspectiva de la gestión de la tasa y del derecho comunitario relativo a las ayudas de Estado», argumentan los asesores legales. La sujeción a la tasa por parte de los contribuyentes se produce con independencia de que realicen el transporte directamente o lo subcontraten.

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El precio a pagar en la nueva tasa todavía es materia de análisis por parte de los técnicos del Ayuntamiento, aunque reconocen que los criterios aplicados «no serán muy distintos de los que ya se utilizan por parte de las corporaciones locales en las ordenanzas reguladoras de las tasas por estacionamiento regulado» en base a un «valor de mercado global» ajustado en función de franjas horarias para evitar la masificación de entregas. Está en estudio cuál es el valor de ese espacio público que utilizan los operadores postales, en función de los ingresos de los operadores en el término municipal de Barcelona. Sobre esa cuota se aplicaría una bonificación para los vehículos de cero emisiones, que podría situarse en los primeros bocetos de la normativa en torno al 10%. También se bonificaría el uso de centros de distribución urbana de paquetes.

El Ayuntamiento analiza reservar zonas específicas para el estacionamiento regulado, cuyo uso requerirá la obtención de la preceptiva licencia por los operadores del servicio postal para la entrega de envíos a domicilio. Los ingresos obtenidos por la aplicación de la tasa regulada en esta ordenanza irán destinados a financiar actuaciones orientadas a impulsar la digitalización del comercio minorista en Barcelona.