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Pimec reclama excluir de las ayudas europeas a las empresas morosas

Cañete afirma en el Congreso que poner al día facturas atrasadas inyectaría 100.000 millones a pymes y autónomos

Antoni Cañete, nuevo presidente de Pimec.

Antoni Cañete, nuevo presidente de Pimec. / Ricard Cugat

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El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha reclamado que el Congreso de los Diputados trabaje para instaurar un régimen sancionador a las grandes empresas que pagan fuera del plazo legal de 60 días y que no se permita a estas empresas acceder a los fondos europeos de recuperación. Cañete ha reclamado a los representantes de los grupos parlamentarios, como ya hizo al inicio de la crisis, “que se condicionen las ayudas europeas a empresas al cumplimiento de la legislación contra la morosidad, ya que esta condición inyectaría más de 100.000 millones de liquidez a pymes y autónomos, tanto como los créditos ICO y sin riesgo país-empresa”.

El directivo ha participado este martes en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja para informar sobre cómo afrontar la recuperación tras la pandemia y cómo deben distribuirse los fondos 'Next Generation'. Cañete ha asegurado que las empresas que cotizan en bolsa están cobrando a un plazo de 68 días --también fuera del plazo legal-- y están pagando a 193 días, lo que provoca que haya 80.000 millones de euros fuera de este plazo "cuando tienen acceso a la financiación y han aumentado un 25% su liquidez".

Por su parte, las empresas que forman parte del Ibex 35 cobran a 64 días y pagan a 183 días, con facturas pendientes de pago y fuera de plazo por valor de 56.000 millones de euros, según ha asegurado. Ha pedido que tras su comparecencia, se realice una propuesta de ley que impida acceder a los fondos europeos a las grandes empresas que no estén al corriente de pago con sus proveedores "sin trucos ni trampas".

Tras las intervenciones de los partidos políticos, que han preguntado por las medidas más urgentes, Cañete ha reclamado que "mañana se apruebe el régimen sancionador", lo que permitiría salvar puestos de trabajo y una parte de la economía, ha añadido. Cañete ha alertado que se está rompiendo la cadena de pagos y que si esto pasa, la economía española "se hundirá como un castillo de naipes" y ha recordado que la Unión Europea está urgiendo a España para que legisle con el fin de acabar con lo que ha calificado de lacra.

Prórrogas encadenadas

Asimismo, ha asegurado que es "inexplicable" que la toma en consideración de la ley se aprobara en septiembre por unanimidad y que a día de hoy, no se haya aprobado tras encadenar prórrogas. Estas medidas permitirían una importante inyección de capital a la economía española, ha señalado, lo que significaría la salvación de empresas y puestos de trabajo.

Cañete ha asegurado que las pymes y autónomos se están ahogando en medio del océano y que se les pide que aguanten a la espera de un barco grande que les permitirá salvarse y vivir bien, a lo que ha suplicado: "Láncennos un salvavidas, tráigannos una 'zódiac', porque si tenemos que esperar a esas ayudas, nos vamos a ahogar".

El presidente de Pimec ha exigido a los representantes políticos que trabajen para acelerar y diversificar el proceso de vacunación ya que "es la mejor prevención" ante nuevas restricciones y ha asegurado que los actuales niveles de vacunación son inaceptables. Por ello, ha pedido que si la Unión Europea no logra cumplir sus objetivos, España use su agencia del medicamento para aprobar vacunas "como la rusa, la coreana o la china" y ha reclamado que se abandone la geopolítica para salvar el bienestar, la salud y la economía.

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Ha reclamado también que se aproveche el sector privado como la red de farmacias o los servicios de prevención de las empresas para acelerar el proceso de vacunación. Cañete ha alertado sobre el problema de solvencia que tienen las empresas y ha asegurado que "es preciso ampliar ayudas directas, reestructurar deuda y reforzar el capital de las empresas".

En este sentido, ha criticado que el fondo de recapitalización de pymes cuente con 1.000 millones de euros, cuando el que se aprobó para las grandes empresas es de 10.000 millones. 

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