Más allá de la 'Ley Rider'

Los otros falsos autónomos: Alfonso, el repartidor que trabaja 14 horas al día por 1.200 euros

En el 2020 la Inspección de Trabajo destapó 9.907 falsos autónomos en toda España y requirió a las empresas, entre infracciones y actas, 66,8 millones de euros

Compras a través de plataformas como Glovo: pros y contras

Compras a través de plataformas como Glovo: pros y contras / economia

Gabriel Ubieto

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Alfonso se dedica al reparto. Una empresa le asigna los pedidos y, a través de una aplicación, le marca las rutas que debe seguir durante toda la jornada. Sale a trabajar a las siete de la mañana y no acaba hasta las nueve de la noche. Y si no reparte, no cobra. Es él quien debe costearse el vehículo, la gasolina, el teléfono móvil a través del que opera y la cuota de la Seguridad Social que le llega a final de mes. Alfonso, nombre ficticio para preservar su anonimato, es autónomo y una vez entre en vigor la nueva 'Ley Rider' seguirá siéndolo. 

La nueva ley del trabajo en plataformas que prevé aprobar el Gobierno no anda un camino nuevo. Aunque sí lo hace por primera vez en camino inverso. Pues de la misma manera que ahora los ‘riders’ quedarán anclados explícitamente en el Estatuto de los Trabajadores como asalariados, en el 1994 una ley excluyó del mismo a los transportistas de vehículos comerciales, como a Alfonso, que reparte para Seur. "Fue una concesión expresa al sector del transporte", recuerda el catedrático de derecho del Trabajo de la UAB, Eduardo Rojo

A Alfonso la aplicación de la empresa le marca la ruta y el tiempo en el que tiene que pasar por cada parada. Si llega tarde, le penaliza económicamente. Si acaba el día y no ha podido entregar todos los paquetes, le penaliza económicamente. "Los días que vas muy apurado marcas que el cliente no estaba en casa, aunque no llegas ni a tocar el timbre. Tienes que volver al día siguiente, pero como mínimo no pierdes dinero", explica. 

La furgoneta se la alquila a Seur y la ceba con la gasolina que recarga en el propia estación de la compañía. "Hasta con eso hacen dinero", cuenta. A las siete de la mañana está en el almacén cargando paquetes, a las nueve sale a repartir y a las nueve de la noche regresa a su casa. Resultado, una vez descontados gastos: "1.500 euros un mes bueno, 1.200 euros un mes normal", afirma. El de Seur no es un modelo organizativo muy diferente al de las distintas empresas que operan en el sector.

Alfonso se ha creado una cuenta de Twitter llamada "Repartidor de Seur", donde va contando detalles de su día a día, con el fin de hacer pedagogía y explicar a quien quiera leerle en qué condiciones trabaja la gente que le trae esa batidora o esa tele comprada por internet. “Desgasta mucho, cuando empecé a trabajar pesaba 90 kilos y ahora he bajado a 72”, afirma. EL PERIÓDICO ha trasladado sus preguntas a Seur, sin recibir respuesta. 

“Aquí entra y sale gente a punta pala, especialmente los meses de navidades. Como no tienen que pagar finiquitos… Sigo porque necesito el dinero, tengo un hijo que mantener y una hipoteca. Ahora no encontraría otra cosa, me he ganado siempre la vida con organizaciones de eventos y todo eso está parado. Estoy por necesidad, como el resto de compañeros. Porque ahí quien no tiene necesidad no lo aguanta”, explica.

De los platós de televisión hasta las gasolineras

Riders y transportistas a banda, la especie del falso autónomo habitaba en el mercado laboral español desde mucho antes de que las coloridas mochilas de aplicaciones como Glovo, Deliveroo o UberEats se convirtieran en un habitual del asfalto urbano. Algunos incluso operan a la vista de todo el mundo. “Los tertulianos de los programas de televisión, por ejemplo, van cada tarde a un programa, siguen un horario fijo, con una remuneración fija y hablan de los temas que les marca la empresa… todo esto son evidencias del trabajador por cuenta ajena”, comenta el abogado laboralista Robert Gutiérrez. En televisiones autonómicas como ETB o Televisión de Madrid ya ha habido actas de Inspección en dicha línea. 

Los comerciales, los cooperativistas de la industria cárnica, los abogados, los practicantes, los operarios de gasolinera y un largo etcéteras de profesiones que no han sido ajenas a estas malas praxis. No todos estos perfiles son, per se falsos autónomos, aunque entre ellos ha habido casos acreditados. "En casos como los profesores de escuelas de idiomas o los trabajadores que reparaban los ascensores, el Tribunal Supremo ya acreditó que eran falsos autónomos", señala Rojo. 

“Es una práctica relativamente frecuente en los últimos años. A la empresa le interesa, porque se ahorra mucho dinero. Y a algunos autónomos también les interesa, porque pagan poco de cuota y pueden negociar con la empresa una subida de sueldo. El problema viene luego, cuando el autónomo se jubila y ve que le queda una pensión mínima”, explica Gutiérrez. En el 2020 la Inspección de Trabajo destapó 9.907 falsos autónomos en toda España y requirió a las empresas, entre expedientes liquidatorios y multas, 66,8 millones de euros

Despiezando pollos a dos céntimos el animal

La industria cárnica fue, hasta no hace mucho, campo de batalla en relación al fraude de los falsos autónomos. Muchas grandes empresas del sector contrataban mano de obra vía cooperativas de trabajadores autónomos. Es decir, ‘fichaban’ a grandes grupos de jornaleros pero sin pagarles directamente el salario. Estos debían estar dados de alta como autónomos e integrados en una cooperativa. La empresa les iba llamando, según sus cargas de trabajo, pero eran ellos los que asumían la cuota con la Seguridad Social, entre otros. No tenían paro, baja por enfermedad común o derecho a vacaciones.

En Catalunya casos como el del Grupo Jorge fueron de los más mediáticos, con sanciones de Inspección de Trabajo por importes de seis millones de euros y más de 1.500 empleados involucrados. Tras una campaña sindical intensa, la gran mayoría de compañías del sector se avinieron a corregir estas prácticas. Aunque hay algunas, como BonÀrea de Guissona, que todavía emplea por esta vía a centenares de trabajadores, tal como denunció UGT ante la Inspección.

Según un acuerdo alcanzado entre Guissona y la Inspección de Trabajo en mayo del 2020, de los 500 autónomos que prestaban servicios para la empresa a través de cooperativas, un tercio fue absorbido por la propia Guissona, otro en sociedades mercantiles paralelas pero como asalariados y otro continúan como autónomos; según consta en el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Los autónomos de la cooperativa Coaldes siguen despiezando animales a tanto la pieza. Por el pavo facturan 28 céntimos el animal; el pollo se paga peor, a dos céntimos; según facturas a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Desde la dirección de BonÀrea afirman que estos autónomos cumplen con una función de especialistas y que por eso no son empleados por cuenta ajena, así como su intención de no perpetuar a futuro este modelo.

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