El auge del teletrabajo dificulta los controles al exceso de jornada

Las jornadas maratonianas -léase que vulneren la ley, que fija la jornada ordinaria en 40 horas semanales y con un máximo de nueve al día-, han ido reduciéndose en los últimos años. Si bien en las épocas de recuperación del PIB, que no necesariamente del empleo, suelen subir; la tendencia es progresivamente a la reducción. Según los últimos datos del INE, 1,1 millones de trabajadores españoles realizaron habitualmente durante el 2020 más de 50 horas semanales. La mitad que en el 2008, a las puertas de la crisis financiera. 

En algunos sectores esta práctica es tirando a residual, como en la función pública (solo reconocen incurrir en ella el 2,2% de los asalariados; según el INE) o en las actividades administrativas (2,3%). En otros, como el sector primario, es más habitual, con el 15% de los peones, pescadores o ganadores que reconocen trabajar más de 50 horas. En determinados puestos, como los trabajadores cualificados del sector agrícola, es todavía más frecuente, hasta el punto de que uno de cada cuatro no conoce jornadas más reducidas. 

“Donde tenemos representación pasa menos, pero también pasa”, reconoce la secretaria de política sindical de UGT de Catalunya, Núria Gilgado. Aquellos sectores donde históricamente ha habido mayor cultura sindical suelen coincidir con un número menor de jornadas maratonianas, como es el caso de las industrias extractivas (3,9%), la industria manufacturera (4,5%) o las actividades financieras (5,6%); todas por debajo de la media española, que cerró el 2020 con el 5,9% de los asalariados que reconocía faenar recurrentemente más de 50 horas semanales.

Más dificultades para la Inspección

La Inspección de Trabajo desde hace un año dispone de más herramientas para acotar esta mala praxis laboral con el nuevo registro de jornada. Mala praxis que no deja de ser también un fraude para con la Seguridad Social, pues la realización de jornadas tan dilatadas es en la mayoría de casos ilegal y, en consecuencia, suele o bien no remunerarse o remunerarse en negro. Lo que significa que la empresa está generando valor pero no está cotizando por ello al erario público.

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No obstante, el registro de jornada tiene sus limitaciones, según reconoce la portavoz del sindicato de inspectores UPIT, Mercedes Martínez. “Rara vez una empresa registrará esos excesos. Nos sirven más las declaraciones de los trabajadores. Uno de los problemas que nos encontramos ahora con el teletrabajo es que parte de ese exceso de jornada lo hacen en casa y ahí no podemos entrar” explica Martínez. 

Otra de las limitaciones que se encuentran los inspectores para poner coto a estas práctiass es que la sanción que pueden imponer es una por empresa, independientemente del número de trabajadores que estén sometidos a ese exceso de jornada. “Una de nuestras reivindicaciones siempre ha sido poder sancionar por cada contrato fraudulento”, afirma Martínez. También que el Gobierno aumente el importe de las multas a las que puede acabar siendo sometida la empresa infractora. Pues el montante actual va de 626 euros a 6.250 euros. “Es poco disuasorio”, reconoce la inspectora.