Treball sanciona con 735.000 euros a Cabify y tres de sus socios por cesión ilegal de trabajadores

La Inspección de Trabajo de Catalunya ha levantado acta de infracción por valor total de 735.000 euros contra Cabify y tres de sus socios por cesión ilegal de trabajadores. La 'policía laboral' dependiente del Departament de Treball ha considerado acreditado que el sistema de organización empresarial mediante el cual Cabify pone la aplicación, las sociedades Lopez Rubio y Proinvertia ponen los vehículos y la ETT JT Hiring aporta los conductores no es ajustada a la ley y vulnera los derechos de 120 trabajadores.

El Departament de Treball ha dado a conocer este miércoles mediante un comunicado estas actuaciones de su 'policía laboral', que fueron iniciadas en febrero del 2020, poco antes de comenzar la pandemia. La propuesta de sanción levantada por los inspectores de Trabajo, y que las empresas afectadas podrán recurrir ante los tribunales, es de 431.275 euros para Cabify; unos 243.745 euros para cada una de las transportistas López Rubio y Proinvertia, y la de JT Hiring ronda los 60.000 euros.

La cesión ilegal de trabajadores ocurre cuando una compañía contrata a unos trabajadores, pero estos son dirigidos y trabajan directamente a las órdenes de otra sociedad. Una práctica que suele asociarse a unas peores condiciones de trabajo, por la vía de menos derechos a tiempos de descanso, permisos o vacaciones; entre otros, con el fin de ahorrar costes a las empresas contratantes. "Desde Cabify vamos a presentar las alegaciones y recursos correspondientes, defendiendo nuestro modelo de negocio, ya que estamos convencidos de que las sanciones propuestas son contrarias a Derecho", declaran desde la compañía.

Una aplicación ejecutada por varias empresas

Y es que Cabify no opera su servicio de transporte por ella misma, sino que se ha dotado de un entramado de empresas para prestar este servicio. Para empezar la marca comercial Cabify la explota en España la sociedad Maxi Mobility Spain. Y esta contrata los servicios de otras compañías para materializar los transportes. En el caso acreditado por Inspección de Trabajo, los vehículos y sus respectivas licencias VTC (necesarias para operar este servicio en Barcelona) los ponían las sociedades Lopez Rubio y Proinvertia, ambas con domicilio social en Madrid. Y los conductores iban a cargo de la empresa de trabajo temporal JT Hiring.

Cabify ya cuenta con antecedentes de malas praxis laborales en Barcelona y, junto a algunos de sus socios, como JT Hiring, ya ha sido condenada judicialmente. Antes de la última guerra del taxi, que acabó provocando su salida de Barcelona para luego regresar bajo otro modelo (con varias similitudes), quedó acreditado judicialmente que Cabify operaba a través de un "grupo patológico de empresas". Es decir, un entramado de empresas que mantienen una apariencia externa diferente, confunden sus respectivos medios de producción y mantienen una dirección unitaria, pese a formalmente ser empresas no relacionadas.