Hasta 400 trabajadores

La Audiencia Nacional reconoce "cesión ilegal" de trabajadores en Ryanair

El tribunal falla a favor de los sindicatos que denunciaron que los trabajadores contratados a través de las agencias Crewlink y Workforce prestan sus servicios de forma idéntica a la plantilla pero cobran hasta un 60% menos

Pasajeros de Ryanair trasladando el equipaje a la aeronave.

Pasajeros de Ryanair trasladando el equipaje a la aeronave.

Sara Ledo

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Una vez más la justicia le da la razón a los trabajadores de Ryanair en detrimento de la empresa. La Audiencia Nacional condena a la aerolínea irlandesa por el modelo de subcontratación de tripulantes de cabina que desarrolla desde hace años a través de las agencias de colocación Crewlink y Workforce. Según el tribunal, Ryanair realiza una "cesión ilegal de trabajadores" con estas agencias, y reconoce el derecho de estos trabajadores a ser contratados directamente por la aerolínea, según han informado los sindicatos demandantes USO y Sitcpla.

Se trata de cerca de 400 trabajadores que, según los sindicatos, prestan sus servicios de forma idéntica a la plantilla de Ryanair y, sin embargo, cobran entre un 40% y un 60% menos que aquellos que están directamente contratados por la aerolínea de bajo coste. Sin embargo, tras esta sentencia, estos tripulantes podrán reclamar su derecho a ser reconocidos como trabajadores de Ryanair y a tener unas condiciones laborales equivalentes a aquellos contratados directamente por la aerolínea irlandesa.

"La justicia española le ha enviado un rotundo mensaje a Ryanair: no todo vale”, ha señalado la portavoz de USO en Ryanair, Lidia Aransanz. A su juicio, con esta sentencia queda claro que el exitoso modelo de Ryanair es "fraudulento y basado en el abuso" al permitirle abaratar costes laborales de manera consciente en comparación con sus competidores. La 'low cost' irlandesa lleva desde el año 2004 haciendo uso de estas agencias de colocación para contratar al personal de cabina. Precisamente, este fue el detonante que llevó a los 'azafatos' a iniciar una serie de huelgas que retumbaron en el verano de 2018 en España y a las que sucedió un sinfín de desencuentros entre los trabajadores y la empresa irlandesa que les llevó en innumerables ocasiones a los tribunales.

Esta sentencia llega, además, después de que el año pasado la Inspección de Trabajo le diera la razón a los trabajadores al señalar que esta política de subcontratación era "cesión ilegal" de trabajadores y no externacionalización de servicios.