Díaz avanza "una base de acuerdo" para renovar las políticas activas de empleo, como le pide CEOE

Acuerdo a acuerdo y sin renunciar a ninguno de los compromisos remitidos a Bruselas. Esta ha sido la hoja de ruta para los próximos meses en la que ha insistido la ministra de Trabajo e inminente vicepresidenta, Yolanda Díaz, este lunes en su comparecencia en el Congreso. La dirigente de Unidas Podemos ha avanzado en la comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una “base de acuerdo” para renovar las políticas activas de empleo, tal como lo demanda la CEOE. Y el borrador de la primera ley de esta reforma confía en tenerlo a principios de abril. Aunque no por atender esa mesa de negociación Díaz pretende apartar otras, como la de la “modernización” de la negociación colectiva y que se erige como la viga por la que el gobierno de coalición comenzará a desmontar la reforma laboral del PP.

Al más puro ‘cholista’, la inminente nueva vicepresidenta tercera va carpeta a carpeta y no por negociar una dejará de pretender cerrar otra. Díaz espera poder finiquitar prontamente el acuerdo definitivo para cerrar la nueva carta de políticas activas de empleo (PAE) y la renovación de la Garantía Juvenil. Una carpeta que desde la CEOE le piden que priorice, por encima del desmontaje de la reforma laboral, que según los empresarios “ahora no toca”. "Es necesario reequilibrar la negociación colectiva en este país y por lo tanto lo vamos a abordar", ha dejado claro Díaz. Todas las 17 reformas enviadas a Bruselas se resolverán este año, ha insistido la ministra, tal como ya aseveró en febrero su entrevista en EL PERIÓDICO.

Díaz ha avanzado en la cámara baja que existe “base de acuerdo” para renovar y adaptar las políticas activas de empleo a la actual crisis del covid. Aunque como viene siendo habitual en esta ministra, no ha concretado plazos. La futura vicepresidenta sí ha anticipado que espera tener un borrador de la nueva Ley del Empleo para principios de abril, que sería la primera piedra de esa reforma. Fuentes presentes en esas negociaciones reconocen ese entente, pero, no obstante, no ven inminente su final. “Está casi cerrado desde hace dos meses”, cuentan. Esas mismas fuentes también señalan a Hacienda, guardián de la caja y de los millones necesarios para dar cuerpo a esas políticas activas de empleo.

Una partida de más de 2.900 millones

En el ejercicio anterior, el Gobierno destinó 2.900 millones de euros a las partidas de políticas activas de empleo, cifra que este año presumiblemente aumentará y que será complementada con los fondos europeos. Estas consisten en todos aquellos programas diseñados para que las personas en paro encuentren un empleo, o que los profesionales ya empleados puedan reciclarse para promocionar o cambiar de puesto. También financian programas para la empleabilidad de colectivos con necesidades especiales, como los centros de inserción laboral de personas con discapacidad.

Las políticas activas de empleo son una competencia que define Trabajo, pero que despliegan las comunidades autónomas. Y el nuevo sistema de distribución del presupuesto estará condicionado a la consecución de objetivos. Según ha explicado Díaz este lunes en el Congreso, el 45% del financiamiento repartido en las conferencias sectoriales de empleo estará condicionado al cumplimiento de una serie de objetivos, actualmente en definición en esas mesas de diálogo social.

Entre uno de los variopintos puntos de esa nueva carta de derechos que están negociando Trabajo, patronal y sindicatos, figuran nuevos incentivos a la contratación. Sobre los mismos, trascendió un primer borrador que incorporaba incentivos a las empresas que firmen contratos indefinidos por valor de hasta 7.500 euros por contrato entre los colectivos con menor empleabilidad, como los jóvenes, las mujeres o los parados senior. Una tendencia hacia la focalización y concreción de los recursos que sugiere la Airef para maximizar la eficiencia de los recursos.

Otro de los elementos que están pendientes de cerrar en las mesas de diálogo social es la actualización de los programas de Garantía de Juvenil. El compromiso manifestado por Trabajo es potenciar los recorridos y seguimientos personalizados y una mayor colaboración entre el SEPE y el sector privado para mejorar su empleabilidad; según remitió Díaz a Bruselas.