España, del rescate de la banca al de personas y empresas

En solo un año, la movilización de dinero público para frenar las consecuencias económicas de la crisis sanitaria ya supera las cantidades que se pusieron en juego en España entre el 2009 y el 2012 para taponar los efectos de la crisis financiera. Entonces, se movilizaron alrededor de 200.000 millones en una sucesión de crisis encadenadas que remató con el rescate del sector financiero y una ola de austeridad para familias y trabajadores. Fue así en España, en Europa y en el conjunto del mundo. Ahora, el empeño está centrado en rescatar hogares, trabajadores y empresas y, según la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ya se ha movilizado alrededor del 22% del PIB (unos 250.000 millones) en un proceso que aún suma y sigue.

Una vez superado lo peor de la anterior crisis financiera, el Gobierno español de Mariano Rajoy buscó en las rebajas de impuestos y en la flexibilización del mercado laboral los resortes para estimular la actividad económica y entrar en una senda de crecimiento que se inició en el 2014 y quedó interrumpida en el 2020. Ahora, los planes de estímulo post-covid de la economía española pasan por un mayor gasto en inversión y un salto modernizador de la economía apoyado en la pértiga de los fondos europeos y en la exigencia de una agenda de reformas por parte de Bruselas.

Crisis encadenadas

Cuando irrumpió la recesión del 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aplicó un estímulo fiscal equivalente al 2,3% del PIB (unos 25.000 millones) para revitalizar la economía. Fueron los tiempos del ‘Plan E’ (11.000 millones) para un programa urgente de obra pública en los municipios y del ‘cheque de 400 euros’ en el IRPF para los trabajadores (6.000 millones). Se aprobó una nueva prestación temporal de 420 euros para parados sin ingresos y se adoptaron subvenciones para la compra de vehículos entre otras medidas.

Luego la crisis económica se tornó en crisis de deuda y del sector financiero. Y las medidas de estímulo del 2009 dieron paso en el 2011, con el Gobierno de Mariano Rajoy, al mayor tijeretazo de la historia reciente con subidas de impuestos y recorte de gastos que sumieron al país en la corriente de la austeridad. A partir de ese momento, las ayudas se centraron en el rescate del sector financiero y para ello se movilizaron casi 123.000 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, de los que algo más 66.000 se convirtieron en gasto para las arcas públicas (el resto fueron avales o préstamos luego devueltos). Además, el plan de pagos de proveedores sirvió para que autonomías y ayuntamientos sacaran del cajón facturas pendientes de pago a sus proveedores por más de 40.000 millones, que dejaron de ser deuda comercial y se convirtieron en deuda pública. 

En trazos gruesos, se podría decir que entre el 2009 y el 2012 se movilizaron alrededor de 200.000 millones (equivalentes al 17% del PIB del 2020) pero eso sería no tener en cuenta los ajustes que soportó el gasto público (con recorte en prestaciones por sanidad, educación, desempleo, dependencia, ayudas sociales y sueldos públicos) y las subidas de impuestos, que agravaron la situación económica de familias y trabajadores. El sector financiero, por su parte, logró salir de la UVI. 

Crisis sanitaria

Ahora, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, cifra en torno al 20% PIB (unos 225.000 millones de euros) el importe de las ayudas desplegadas en el 2020 y en unos dos puntos adicionales lo añadido en el 2021, con la prórroga de los ertes hasta mayo y el nuevo plan de 11.000 millones de rescate a las pymes. 

La mayor parte de los estímulos adoptados corresponde a los alrededor de 120.000 millones en avales públicos prestados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) a empresas, pymes y autónomos para obtener préstamos de las entidades bancarias. El impacto final de estos avales en las cuentas públicas dependerá de la efectiva devolución estos préstamos o de su morosidad. Los alrededor de 33.000 millones en ayudas vinculadas a los ertes y al cese de actividad de los autónomos sí han tenido un impacto directo en el gasto público. También los 16.000 millones adicionales que el Estado transfirió a las comunidades autónomas, o los 10.000 millones de extensión de medidas sociales que forman parte de las cuentas que hace el Ministerio de Economía. También hay que sumar otros 10.000 millones del fondo de la Sepi para rescate de empresas estratégicas.

El Banco Central Europeo (BCE ) reconoce las dificultades de comparar entre países las ayudas dispuestas, por la diferente naturaleza que unos y otros otorgan a cada uno de los planes. Con carácter general, sin embargo, España suele aparecer en las diferentes comparaciones como uno de los países con menor nivel de ayudas dispuestas, si bien destaca por el mayor aprovechamiento de algunas de ellas, como los avales públicos para préstamos a empresas.

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