Carmen, despedida y a la espera de juicio: "Suerte que llevo trabajando toda la vida y tengo el paro"

Carmen Pérez lleva más de tres décadas como profesional de la limpieza. Hasta poco antes de estallar la pandemia se recorría en autobús la ciudad para limpiar las escaleras de varias comunidades de vecinos. "A las cuatro de la mañana ya estaba en pie", recuerda. En los 10 años que llevaban en la empresa que luego acabó despidiéndola, no sabía lo que era cogerse una baja. Hasta que, fruto de la providencia y décadas de trabajo físico, en febrero tuvo que parar por unos dolores en el hombro. El caos de los primeros días de estado de alarma la cogió haciendo su primera sesión de rehabilitación. “No pude hacer la segunda, me llamaron para que ya no fuera porque había empezado todo”, rememora esta mujer de 55 años. 

Carmen es asmática, lo que la convierte en un colectivo de riesgo ante la enfermedad popularmente bautizada como coronavirus. La empresa donde trabajaba le puso “todas las trabas del mundo”, según cuenta, para adaptarle el puesto de trabajo y planteó reducirle la jornada laboral. "Era un recorte bestia, porque de los 900 euros que ganaba me querían bajar a unos 500", explica. Los desencuentros con la dirección se fueron sucediendo. "Hasta para darme mascarillas me ponían problemas", afirma. Hasta que la compañía, un mes después de finalizar el primer estado de alarma le notificó por burofax su despido. 

Hasta para darme mascarillas me pusieron problemas en el trabajo

No tardó en denunciar y reclamar la nulidad del cese, pero el colapso que arrastran los juzgados de lo social provocó que hasta octubre de este año no le hayan fijado juicio. Año y medio de espera. "Suerte que llevo trabajando toda la vida y tengo [prestación de] paro", se resigna Carmen. "Si no, no sé qué haría", añade.

El atasco de los juzgados de lo social no es algo derivado de la pandemia. “Llueve sobre mojado”, afirma el abogado del Col·lectiu Ronda que le lleva el caso a Carmen, José Antonio Espada. Antes del covid, que a un letrado le fijarán juicio a año vista no era inhabitual, y ahora la actual emergencia no ha hecho más que agravar esos atrasos. “Tengo otros clientes que les han despedido en agosto de 2020 y no irán a juicio hasta mayo de 2022”, cuenta Espada. “Y eso que, por ley, los casos de despido deben tener prioridad”, añade. 

Tardar año y medio en personarse ante el juez complica el caso. “Muchos ya han agotado su prestación”, explica el gerente del gabinete jurídico de UGT de Catalunya, Alejandro Del Llano. “La calidad de los testigos pierde mucho, ¿cómo se van a acordar de detalles que han pasado hace tanto?”, señala Espada, del Col·lectiu Ronda. “El atasco beneficia claramente a la empresa. Antes de la reforma laboral tenían que pagar los salarios de tramitación en cualquier despido que perdían, lo que incentivaba los acuerdos”, recuerda Del Llano, de UGT.

¿Cómo se van a acordar los testigos de detalles pasaron hace tanto?

Carmen espera con cierta tranquilidad su turno para personarse delante del juez. “Intento que me preocupe lo justo”, explica. Se muestra optimista con el resultado, pues la empresa en ningún momento le justificó ese despido disciplinario que la ha dejado todos estos meses en paro. “Uno traga hasta que tiene mucha, mucha necesidad. Pero llega un momento que aunque tengas mucha, mucha necesidad, hay que decir ‘por aquí no paso’”, concluye. 

Suscríbete para seguir leyendo