UGT plantea 'resucitar' el salario mínimo catalán

UGT de Catalunya propone 'resucitar' la propuesta de un salario mínimo catalán de referencia para adaptar el coste de las necesidades básicas con las nóminas de los trabajadores catalanes. Esta es una de las 40 propuestas que figuran en el informe presentado este lunes por la central para superar la crisis del covid, entre las que también destacan recuperar el Pacte Nacional per a la Industria o avanzar hacia la jornada de 32 horas semanales.

La historia del salario mínimo catalán se ha visto marcada por los contratiempos. El 'vicepresident' del Govern (hoy cerca de ser el próximo ‘president’), Pere Aragonès, sacó a la palestra en julio del 2019 la idea de pactar un sueldo base adaptado a la particularidad catalana y por encima de los 950 euros que fija el SMI para toda España. Con más de un mes de retraso respecto a su compromiso inicial, Aragonès presentó un informe que cifraba en 1.239 euros el que debiera ser el salario mínimo catalán. 

Sin competencias para hacerlo obligatorio, el éxito de esa propuesta era el consenso que pudiera generar entre los agentes sociales, que mostraron recelos inicialmente ante la propuesta. La posterior irrupción de la pandemia revolucionó la lista de prioridades y dejó en un cajón la realidad de un SMI catalán. Hasta hoy, que UGT la ha desempolvado y ha vuelto a poner en la mesa la necesidad “que permita incrementar el salario mínimo interprofesional aprobado por el Gobierno, i la adecue a la realidad social y económica de Catalunya”, según consta en el documento de propuestas presentado este lunes.

Pues pese al desplome histórico del PIB provocado por la pandemia y el estancamiento del IPC en cifras cercanas al 0%, el precio de productos básicos de la cesta del ciudadano se ha seguido encareciendo. En el caso de los alimentos, estos son actualmente el 2,1% más caros que hace un año. Y la vivienda todavía ha subido con mayor intensidad, un 2,5% en los últimos 12 meses.

Y la vía por la que apuesta UGT para impulsar ese SMI catalán es agotando las escasas capacidades administrativas que en esta materia tiene la Generalitat. Es decir, vía contratación pública. Una vía, no obstante, limitada, pues ni la propia Generalitat puede imponer como obligatorio dicho salario, pues ello, según la jurisprudencia europea existente, sería impugnable por cualquier empresa que se postulara a un concurso que tuviera dicho salario de referencia como requisito indispensable. Puede actuar como elemento que puntúe a favor de un candidato u otro a la licitación, pero no como elemento excluyente.