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Cronología del plan del Gobierno para las ayudas directas a las empresas

EL PERIÓDICO lleva meses avanzando las líneas maestras del proyecto del Ejecutivo

Nadia Calviño.

Nadia Calviño. / Efe / Chema Moya

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Una de las primeras voces autorizadas en lanzar la idea de las ayudas directas a las empresas fue el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, a finales de la pasada primavera, apenas unos meses después del estallido de la pandemia. Después de las vacaciones de verano, cuando los planes aún eran incipientes, EL PERIÓDICO empezó a adelantar la mayor parte del plan que se estaba elaborando.

En noviembre, este diario dio a conocer que el Ministerio de Economía preparaba una batería de instrumentos con los que poder reforzar el capital de las pymes rentables y viables antes del coronavirus, y que previsiblemente podían volver a serlo cuando se superara la pandemia, pero que corrían el riesgo de desaparecer porque atravesaban graves problemas patrimoniales para atender el pago de sus deudas. Sobre la mesa estaba la posibilidad de inyectar subvenciones directas a las compañías y de reforzar su solvencia mediante mecanismos como los créditos participativos (unos instrumentos financieros que están a medio camino entre los préstamos y las acciones).

Como paso previo, el Ejecutivo decidió modificar las condiciones de los créditos bancarios avalados por el Estado a empresas, pymes y autónomos a través del ICO: el plazo máximo de vencimiento se extendió de cinco a un máximo de ocho años, y se añadió un año adicional de carencia en el pago del principal del préstamo, hasta los dos ejercicios.

Negociación con la banca

En diciembre pasado, EL PERIÓDICO reveló que el Gobierno y la banca llevaban desde el verano estudiando cómo refinanciar los créditos de compañías en apuros que habían recibido préstamos avalados por el Estado a través del ICO. En concreto, informó de que se estaba perfilando un marco de actuación que contemplara entre seis y ocho casos distintos, como que la empresa entrara en concurso de acreedores, estuviera en preconcurso, tuviera tanta deuda insostenible como sostenible, comenzara a impagar, o cayera en morosidad (más de 90 días sin abonar las cuotas).

Las conversaciones se produjeron entre la Secretaría General del Tesoro del Ministerio de Asuntos Económicos, con su responsable Carlos San Basilio a la cabeza, y representantes de las dos principales patronales del sector (la AEB y la CECA) y los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell).

Avances

A principios de febrero, este diario publicó que el Gobierno y la banca habían logrado avanzar en las negociaciones que iniciaron en agosto y que el Ejecutivo había trasladado al sector que quería aprobar el plan en marzo y crear un código de buenas prácticas para las reestructuraciones de los créditos avalados. Así se lo comunicó en una reunión por videoconferencia entre el Ministerio de Economía (representado por el Tesoro y el Instituto de Crédito Oficial, ICO), el Banco de España, las patronales AEB y CECA, y los cinco grandes bancos (Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia y Sabadell). Ese viernes, el Ejecutivo confirmó por fin oficialmente que iba a reformar "el marco legal para poder aumentar las ayudas directas a autónomos y empresas".

Luego surgió otro escollo en las negociaciones: el de las quitas generalizadas a los créditos a empresas avalados por el ICO. Tras las advertencias del Banco de España y la banca, el Gobierno descartó finalmente su idea inicial de impulsar un mecanismo ágil y automático de concesión de quitas en esos créditos como vía para evitar un sobreendeudamiento, como desveló este diario. Dicho mecanismo hubiera supuesto en la práctica una amplia condonación de deudas en dichos préstamos con las consiguientes pérdidas multimillonarias.

Otra de las informaciones que adelantó EL PERIÓDICO es la prórroga de la moratoria en los concursos de acreedores más allá del 14 de marzo, aprobada este viernes, así como que estaba previsto que las ayudas directas a las empresas se transfirieran a través de las a autonomías.

Otros detalles que avanzó este diario fueron parte de los límites y requisitos que probablemente se iban a imponer para las ayudas directas por imperativo de la Comisión Europea, la propuesta de Podemos a Economía que evidenció las divisiones dentro del Gobiern, y el hecho de que las ayudas directas iban a ser la partida principal del plan de los 11.000 millones de euros, finalmente aprobado este viernes.

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