Medidas por la pandemia

Las empresas recibirán hasta 200.000 euros en ayudas si no cierran antes de junio de 2022

  • Las compañías podrán beneficiarse si la Agencia Tributaria acredita que perdieron un mínimo del 30% de sus ingresos el año pasado por el covid

  • El dinero no estará disponible hasta finales de abril como pronto y se podría retrasar aún más en función de la agilidad de las autonomías

  • Canarias y Baleares recibirán 2.000 de los 7.000 millones y el resto de comunidades se repartirá el resto en función del PIB y el empleo

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Las empresas que reciban las ayudas directas de hasta 200.000 euros del fondo de 7.000 millones de euros creado por el Gobierno no podrán echar el cierre hasta junio de 2022, ni pagar dividendos y aumentar el sueldo de sus directivos durante dos años, o tendrán que devolver el dinero. Esta es una de las principales novedades del plan de 11.000 millones en apoyos al sector privado que el Consejo de Ministros ha aprobado por fin este viernes, tres días más tarde de lo que tenía previsto, más de dos semanas después de que lo anunciase Pedro Sánchez, y tras muchos meses de peticiones cada vez más apremiantes por parte de las autonomías, el Banco de España, las entidades financieras y todo tipo de patronales empresariales. 

Su ruego ha sido finalmente atendido, pero aún quedan muchos detalles por concretar y el dinero tardará aún más de un mes como mínimo en llegar a las compañías. "Hemos actuado en el momento adecuado, como hemos hecho desde el principio, para evitar un coste mayor en el futuro", ha afirmado pese a todo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, quien en cualquier caso ha reconocido que la recuperación se está desacelerando y que España tiene por delante "semanas muy complicadas".

Como adelantó EL PERIÓDICO, las ayudas directas se van a distribuir a través de las comunidades, después de que los Ministerios de Economía y Hacienda hayan impuesto su criterio a otros departamentos controlados por el PSOE y Podemos. El Gobierno se ha dado 40 días para firmar convenios con los gobiernos autonómicos y transferirles el dinero. Pero los plazos podrían retrasarse aún más si las comunidades no tienen listo para entonces todo el engranaje administrativo necesario para conceder las subvenciones a fondo perdido a las firmas de su región.

El dinero cubrirá hasta un 40% de la caída de ingresos de las microempresas y autónomos (con hasta 10 empleados) y un 20% para el resto de compañías, con una cantidad fija de 3.000 euros para los trabajadores por cuenta propia que tributen en régimen de estimación objetiva (módulos) y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto. El Gobierno, así, se ha quedado muy lejos de los hasta 10 millones de euros por empresa que permite la Comisión Europea. Fuentes gubernamentales argumentan que con los límites fijados ya se cubre a la mayor parte del tejido empresarial español, mayoritariamente formado por empresas pequeñas y autónomos, y que también se han tenido en cuenta las otras medidas dispuestas por las distintas administraciones desde que estalló la pandemia, ya que el límite de los 10 millones se aplica al conjunto de apoyos recibido por las empresas.

Las ayudas directas llegarán a compañías que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020 frente a 2019 (la Agencia Tributaria facilitará la información a las autonomías) y permitirán cubrir costes fijos no abonados entre marzo del año pasado y el cierre del 2021, como pagos a proveedores, suministros (luz y agua, por ejemplo), salarios, alquileres, o la reducción de la deuda financiera. Las autonomías podrán fijar criterios adicionales para recibir las ayudas, dentro de los parámetros generales fijados por el Gobierno.

Condiciones

Las empresas beneficiarias tampoco podrán estar en concurso de acreedores o haber cesado su actividad en el momento de solicitarlas, deberán estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y no podrán tener su domicilio social en un paraíso fiscal. Al contrario que con los ertes, el Gobierno no ha fijado una obligación de mantenimiento del empleo, si bien confía en que la condición de mantener su actividad hasta el verano del año que viene suponga en la práctica la supervivencia de la mayoría de los puestos de trabajo.

Las ayudas van a tener un componente territorial y sectorial. Canarias y Baleares, así, recibirán 2.000 de los 7.000 millones por ser las comunidades económicamente más afectadas por el coronavirus por su dependencia del turismo y podrán dar ayudas de una cuantía superior al límite general. El resto de autonomías se repartirán los 5.000 millones restantes según los criterios que se utilizaron para la distribución de los fondos europeos React EU (caída del PIB, paro y desempleo juvenil). En aquel caso, a Catalunya le correspondieron un 17,1% de los 10.000 millones distribuidos, pero el mayor peso de las islas puede rebajar en esta ocasión el porcentaje a entre el 12% al 14%, según algunas estimaciones provisionales no confirmadas por el Gobierno. Hacienda publicará en los próximos días una orden ministerial con el reparto. 

En cuanto a los sectores, hay una lista de casi 100, que incluye a la hostelería, la restauración, el comercio al por mayor y minorista, la industria manufacturera relacionada con el comercio y la hostelería, sectores auxiliares al transporte, mantenimiento aeronáutico, y actividades relacionadas con la cultura y el deporte.

Créditos y capital 

La segunda pata del plan es el marco para la reestructuración de los créditos bancarios a empresas avalados por el ICO, que ascienden a 121.000 millones (quedan disponibles otros 19.000 millones que ahora se podrán solicitar hasta final de año). El Gobierno ha cambiado la normativa para que el banco público pueda participar en estos procesos, pero ha fijado que lo hará en los mismos términos que los bancos (es decir, que las entidades no podrán endosarle peores condiciones, como tampoco podrán hacerlo entre sí). 

Sobre la base del análisis de cada compañía que hagan las entidades financieras, la idea es que primero se estudie ofrecer ampliaciones del plazo de vencimiento (no de carencia del principal); después la conversión del crédito en un préstamo participativo, que computa como capital; y solo en último término se concedarán ayudas directas a la empresa para que salde parte del crédito (finalmente no será quitas en sentido estricto). Para estas dos últimas medidas se han reservado 3.000 millones. El Ejecutivo todavía tiene que aprobar los "criterios de elegibilidad" de las empresas y fijar un código de buenas prácticas al que los bancos se sumarán, pero prevé hacerlo en pocas semanas, probablemente antes de que acabe marzo, aunque no el próximo martes.

Otras medidas

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El tercer componente del plan es un fondo gestionado por la empresa pública Cofides y dotado con 1.000 millones de euros para reforzar la solvencia a empresas medianas a las que no les valga con las ayudas directas ni la renegociación de créditos, pero que no tengan el tamaño suficiente para aspirar al fondo que se aprobó hace meses para compañías estratégicas a través de la SEPI (este tiene un importe mínimo de aportación de 25 millones). El Estado participará en los beneficios de las firmas y saldrá de las mismas en un máximo de ocho años.

Además, el Gobierno ha prorrogado la moratoria de los concursos de acreedores forzosos hasta el 31 de diciembre, ha ampliado hasta seis meses la posibilidad de retrasar el pago de deudas tributarias sin intereses de demora, y, oportunamente pero de rondón, ha habilitado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para regular la publicidad de los criptoactivos.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una rueda de prensa en marzo.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en una rueda de prensa en marzo. / EFE / Zipi