Obra estimada en 122,4 millones

El TSJC insta a adjudicar a FCC y Benito Arnó la ampliación del vertedero del Segrià

La adjudicación de la Generalitat, el Consell Comarcal y la Paeria en el 2015 menospreció la valoración técnica y adjudicó el contrato de 122,4 millones a Romero Polo y Valoriza  

Vertedero del Segrià, en Montoliu.

Vertedero del Segrià, en Montoliu. / Ramón Gabriel

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El Periódico

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha instado a adjudicar a FCC y Benito Arnó la ampliación del vertedero de El Segrià. El alto tribunal ha estimado el recurso presentado por ambas empresas y ha anulado la adjudicación de la ampliación de esa infraestructura, que fue presupuestada en unos 122,4 millones de euros. El TSJC llevará el caso a la Fiscalía para depurar responsabilidades.

El Consorci de Residus del Segrià, integrado por el Consell Comarcal, la Paeria y la Generalitat, adjudicó la obra en el 2017 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por las firmas Romero Polo y Valoriza. El concurso contempla la obra de ampliación y la gestión del vertedero situado en Montoliu durante 10 años, prorrogable otros 10.

El proyecto quedó varado tras una dura pugna judicial que se ha prolongado desde entonces ante las dudas sobre el proceso de adjudicación. Finalmente, el TSJC ha dictaminado que existió una "falta de consistencia de los motivos alegados por la mesa de contratación para dar la vuelta a la valoración técnica", que se valoró mejor el proyecto presentado por FCC y Arnó.

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Tras la sentencia del alto tribunal es una incógnita de que manera se traspasará la autoría de una obra que se encuentra en estos momentos en la recta final de ejecución después de cuatro años de obras. Además, la sentencia no es firme y es posible la presentación de un recurso de casación. En cualquier caso, FCC y Benito Arnó estarían en disposición de gestionar la infraestructura durante los 10 años previstos en el contrato y podrían llegar a tener derecho a algún tipo de compensación indemnizatoria por no haber sido las elegidas para la construcción en el caso de que el caso no se solucione con la sentencia del TSJC. La cuantía total del contrato, el más alto de la contratación pública del Govern en el 2015, despierta suspicacias sobre el proceso que permitió menospreciar la valoración técnica y primar otros aspectos de los proyectos presentados (inicialmente se presentaros seis proyectos).

La consultora Inalba puntuó la oferta presentada por FCC y Benito Arnó por encima de las demás, incluida la de Romero Polo y Valoriza. El fallo del TSJC considera que la valoración de la consultora debe prevalecer sobre otras en base a la opinión de los técnicos. Hubo una diferencia de 7,66 puntos, pero el consorcio público liderado por la Generalitat eligió la oferta peor valorada por la consultora. La mesa de contratación aplicó para justificar su elección el hecho de una mayor "flexibilidad" del proyecto, concepto que no figuraba en ninguna cláusula del concurso. La sentencia requiere al Consorci que "emita la resolución de adjudicación y formalice el contrato", se impone a las demandadas las costas procesales (2.000 euros).