energía
Calviño sustituye a Maroto en la opa de Naturgy
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, sustituirá a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la tramitación del procedimiento y, en su caso, la propuesta al Consejo de Ministros, del acuerdo por el que se autorice la oferta del fondo australiano IFM para hacerse con hasta un 22,69% del capital social de Naturgy. El fondo ya entregó la documentación pertinente a Industria para que comenzara el trámite administrativo impuesto con el estado de alarma, que obliga a que las operaciones sobre una parte significativa o de control del capital de las empresas estratégicas por parte de inversores de terceros país deban ser autorizadas por el Estado.
Según el real decreto que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE) este sábado, se dispone que sea Calviño quien sustituya a Maroto después de que se anunciara hace unas semanas que la titular del departamento de Industria se abstendría de dicho expediente "por posible conflicto de intereses", ya que su marido es ingeniero y ha trabajado en Naturgy.
En la actualidad, la Ley 3/2015, de 30 de marzo que regula a los altos cargos les prohíbe resolver sobre cuestiones que "puedan reportar perjuicios o beneficios" a sus "familiares, incluido su cónyuge". El pasado 5 de febrero, IFM presentó ante la CNMV la solicitud de autorización, incluido el folleto, de su oferta pública voluntaria y parcial para hacerse con hasta el 22,69% del capital social de Naturgy por unos 5.060 millones de euros.
La efectividad de la oferta está sujeta a recibir las correspondientes autorizaciones regulatorias y de competencia, así como a alcanzar un nivel mínimo de aceptación de al menos un 17% del capital social de la energética. La CNMV dispone de un periodo de 20 días hábiles para aprobar la oferta desde la presentación. No obstante, este plazo se puede alargar en el tiempo, ya que se reiniciará cada vez que el organismo solicite información adicional.
Además, deberá contar con ese visto bueno del Consejo de Ministros a la operación, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado por el Gobierno por la crisis del Covid-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10% de una empresa española de un sector estratégico.
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