Organizaciones inmobiliarias denuncian a la fiscalía un manual de Arran que fomenta las 'okupación'

Media docena de entidades catalanas representativas del sector de la vivienda y del sector inmobiliario han presentado denuncia ante la fiscalía pidiendo que averigüe e identifique a los responsables de la elaboración y publicación de un manual que describe métodos para llevar a cabo la ocupación de propiedades inmobiliarias, difundido en la página web de Arran, la organización política juvenil conectada con la CUP, denominado 'Libre d'Okupació'. El manual consta de 100 páginas con infografías, entrevistas con experiencias, consejos y asesoramiento jurídico para evitar la desocupación, una vez se ha entrado en un inmueble. Se explica en detalle qué herramientas son necesarias para forzar una puerta, para hacer empalmes en el suministro eléctrico y para manipular los contadores de suministros.

"Sin duda se trata de un documento que incita con carácter público a la delincuencia y a la provocación de delitos de diferente índole, contemplados en el artículo 18 del Código Penal", señala un comunicado firmado por, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida, el Consell de Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya, el Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, el Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, el Consell General de Cambres de la Propietat Urbana de Catalunya y la Associació de Promotors de Catalunya.

Mayor número de ocupaciones

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Las organizaciones del sector inmobiliario lamentan que Catalunya sea el territorio de Estado en el que se produce un mayor número de ocupaciones ilegales, en el 2019 aumentaron un 70%, mientras que en Madrid --una área igual de densa en población-- disminuyeron un 12%, se subraya. "La explicación se puede encontrar en el fomento de la ocupación ilegal por parte de algunos partidos y la mayor permisividad de las administraciones en Catalunya, ante las dificultades de alojamiento de las familias, y de medidas de políticas de vivienda demagógicas, poco eficaces y con pocos recursos presupuestarios", afirma el comunicado. Y agrega que las administraciones han renunciado a cumplir el mandato constitucional del derecho a la vivienda (artículo 47 de la Constitución), que establece que los poderes públicos promoverán las condiciones y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. "El decreto-ley 17/2019, traspasa a los propietarios de viviendas ocupadas esta responsabilidad, obligándolos a un alquiler social a largo plazo que no cubre en muchos casos los gastos de funcionamiento y mantenimiento, con la amenaza de multas coercitivas exorbitantes. Ningún otro país de la UE tiene una legislación que conlleva la legalización de lo ocupación.

Recuerda, asimismo, que el decreto-ley 17/2019 ha sido declarado anticonstitucional y nulo en este aspecto y otros artículos en la Sentencia 16/2021 del TC. "Esta sentencia del TC constituye una oportunidad para una nueva reflexión sobre cómo abordar las situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la vivienda, con medidas de política de alojamiento eficaces y de acuerdo con el marco constitucional. Las entidades firmantes lo pedimos y ofrecemos la plena disposición", afirma el comunicado.