Bruselas se pronuncia este miércoles sobre el impuesto a la generación eléctrica

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (UE) se pronunciará este miércoles sobre el impuesto a la generación de electricidad para responder, así, a una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tras una demanda de la empresa Promociones Oliva Park. El denominado formalmente impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE) grava con el 7% la producción eléctrica de cualquier tipo de planta de producción de España que afecta directamente a las eléctricas e indirectamente a los consumidores, pues las empresas lo trasladan a los clientes a través de la factura de la luz.

Creada en el año 2012 por el Gobierno del Partido Popular para acabar con el déficit acumulado del sistema eléctrico, que llegó a alcanzar una deuda de 27.000 millones de euros, esta tasa generó desde el inicio una intensa polémica entre grandes eléctricas y pequeños productores de energías renovables que respondieron con multitud de demandas judiciales. El caso de Oliva Park actúa como "pleito testigo" en Bruselas ante las más de 2.000 demandas que hay, según el abogado de la empresa valenciana José García Roig, de Martin Queralt Abogados.

Entre las principales dudas que plantea el tribunal valenciano, según la empresa demandante, destaca que el impuesto se definió como impuesto directo pero nominalmente tiene la estructura de un impuesto indirecto, según defiende Roig. "Esta es la más importante de las cuestiones prejudiciales", añade Roig. Además, también se incluye "en segundo orden" que este impuesto tiene carácter eminentemente recaudatorio y no medioambiental, "no fomenta las renovables" y realiza una distorsión en el mercado interior porque "un portugués puede vender energía a España más barata porque no produce este impuesto".

La actual ministra para la Transición Ecológica decidió poner en suspenso este impuesto el 6 de octubre del 2018 a través de un Real Decreto Ley de medidas urgentes para abaratar la factura ante el alza continuada de los precios de la electricidad que alcanzaron su máximo anual en septiembre de ese año a una media de 71,30 euros el megavatio hora. La suspensión terminó a los seis meses, en abril de 2019, y el Gobierno no la prorrogó porque, según declaró entonces Ribera, "no tenemos capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura, puesto que el mandato de este Gobierno termina el 28 de abril. Y añadió que esta tasa tasa forma parte de una revisión necesaria de la fiscalidad energética que es "uno de los deberes pendientes de cara a la próxima legislatura". La ministra para la Transición Ecológica calificó la actual como una "una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras ni en una dirección ni en otra" y reclamó la necesidad de una revisión profunda en el futuro.