El Supremo avala el veto a que Telepizza geolocalice a sus 'riders' mientras reparten

El Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente el programa piloto de Telepizza, mediante el cual pretendía geolocalizar a sus repartidores para seguirles la pista en directo durante sus entregas. Y debían ser los propios trabajadores los que costearan de su bolsillo el teléfono móvil para tenerlos controlados. El alto tribunal ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la empresa (que ya había perdido en la Audiencia Nacional) y ha tumbado sin posibilidad de más recorrido el 'proyecto Tracker' de la empresa de reparto de comida a domicilio.

Los magistrados han determinado que la intención de Telepizza de geolocalizar en todo momento a sus repartidores es innecesaria, pues la empresa tiene otros elementos para seguir siendo competitiva a nivel de mercado sin invadir de manera tan manifiesta la privacidad de sus empleados. Así lo refleja la sentencia hecha pública este jueves, que reprocha abiertamente a la compañía el hecho de que no informó debidamente a sus trabajadores ni negoció su implantación.

El programa piloto puesto en marcha por la compañía pretendía "mejorar el ratio de pedidos que se entregan más tarde de la hora prevista" y facilitar al consumidor la opción de seguir en tiempo real el estado de su comida. Para ello, los repartidores debían aportar su propio teléfono móvil con conexión a internet y costearlo de su bolsillo, con una compensación monetaria que la compañía impuso sin negociación previa. El hecho de negarse a dicha geolocalización era motivo de despido por parte de la compañía. Todo ello levantó el malestar de los empleados, que ya habían llevado ante los tribunales a Telepizza por no aplicar correctamente las anteriores subidas del salario mínimo inteprofesional (SMI) y pagarles de menos, según alegaron.

Los magistrados ven acreditado un "abuso de derecho por parte de la empresa", al obligar a los trabajadores a poner de su bolsillo el teléfono móvil y hacerles responsable a ellos de que este estuviera operativo, siendo la consecuencia de lo contrario motivo de despido. Los jueces consideran "insuficiente" la compensación habilitada por la empresa, que oscilaban entre 3 y 5 euros al mes, dependiendo del número de horas trabajadas.