El Gobierno se la juega con la opa de Naturgy

El Gobierno se juega la imagen y la reputación del país en la oferta de compra (opa) del fondo australiano IFM sobre el 22,69% del capital de Naturgy. Se trata de la primera gran operación en la que el Ejecutivo tiene que dar su autorización a raíz de una serie de medidas que introdujo con el estado de alarma para evitar que compañías que se consideran estratégicas cayeran en manos de fondos e inversores oportunistas aprovechando el desplome de las cotizaciones bursátiles por la pandemia.

Un veto debería de justificarse mucho al ser España un país que requiere inversión extranjera para financiar la deuda pública, pero en otros países esta práctica es habitual. Por ejemplo, en Francia, donde el Gobierno vetó en enero la fusión entre Carrefour y la canadiense Couche-Tard en nombre de la soberanía alimentaria. En España, además de la energía, otro de los ámbitos incluidos en la normativa que permite este tipo de vetos es el de la "seguridad alimentaria". Pero, con esta operación en España no están solo en juego los hasta 5.060 millones que ofrece IFM por una parte de Naturgy, sino futuras inversiones de capital extranjero necesarias para afrontar la transición energética que hay que acelerar a lo largo de la próxima década. Aún resuenan los ecos de los arbitrajes internacionales tras el 'hachazo' a las energías renovables practicado por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La norma española actual se puede aplicar cuando una adquisición afecte a más del 10% del capital de compañías cotizadas o la compra permita el control de firmas de sectores considerados estratégicos. Uno de ellos es el de "suministro de insumos fundamentales, en particular energía", según establece la disposición final cuarta del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre. En este caso, uno de los elementos fundamentales sería que la compañía es el principal accionista de los dos gasoductos que transportan gas desde Argelia. A su vez, la compañía presidida por Francisco Reynés, quien ha dado al grupo un empuje definitivo para pasar de compañía de gas a grupo energético, es la tercera eléctrica del mercado español y el sector eléctrico también forma parte de las actividades que son estratégicas y, por tanto, sujetas al veto público.

Sin pronunciamiento público

En el Ejecutivo conviven distintas posturas, desde vetar la operación o ponerle duras condiciones a aprobarla e incluso algunas se han aireado y provocado incertidumbre y zozobra en la cotización de Naturgy. Otra de las claves es Criteria, la hólding de participaciones controlada por La Caixa, que es la principal accionista de Naturgy con el 24,8%. Hasta ahora, esta sociedad no se ha pronunciado públicamente sobre su decisión. Los otros dos grandes accionistas, el fondo CVC, que participa a través de un sociedad con la familia March mediante la Corporación Financiera Alba; y Global Infraestructures Partners (GIP), con alrededor del 20% del capital cada uno, ya anunciaron que no acudirán a la oferta.

El fondo australiano, que condiciona la operación a obtener como mínimo el 17% del capital, no pretende hacerse con la parte que tiene Criteria, como han afirmado de forma reiterada, ya que aspiran a que La Caixa siga como accionista. La oferta de IFM, 23 euros, no es precisamente un saldo y supone una prima, es decir, un sobreprecio, del 19,7% sobre la cotización de Naturgy al cierre el 25 de enero de 2021, último día antes de anunciarse la opa; del 22,7% sobre el precio promedio para el período de los tres meses anteriores (18,74) y del 28,9% sobre el precio promedio para el período de los seis meses anteriores (17,84). En este caso no cumple uno de los ejes inspiradores de la normativa: que fondos o inversores oportunistas pudieran hacerse con compañías estratégicas a precios de saldo.

Para Criteria, liderada por quien también preside la Fundació Bancària La Caixa, Isidre Fainé, Naturgy ha sido hasta ahora una de sus inversiones estratégicas. Al analizar la oferta, la compañía tendrá en cuenta la prima que ofrece IFM pero especialmente que en la actualidad la compañía energética constituye la mayor fuente de dividendos para alimentar la Obra Social de La Caixa, con 340 millones en 2019 y probablemente más de esa cantidad en el conjunto del 2020 (en el primer semestre fueron 145 millones). Eso supone más de la mitad del presupuesto anual de la Obra Social, que asciende a unos 500 millones, en una época en la que el Banco Central Europeo (BCE) ha limitado la retribución a los accionistas por parte de la banca. Criteria tiene el 40% de CaixaBank, que de más de 100 millones de dividendo pasará este año a "mucho menos", según fuentes consultadas por este diario.

Como sucede en este tipo de operaciones, en Naturgy el mutismo sobre la operación es total de puertas para fuera. Lo único que dejó entrever el consejo de administración tras conocerse la opa, es que la operación era "no solicitada". La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) autorizó el jueves la operación, pero esta no se pondrá en marcha hasta que el Gobierno decida. El Ejecutivo dispone de hasta seis meses para decidir a partir del momento en el que el ministerio Industria reciba la documentación pertinente por parte de IFM, lo que podría producirse este lunes o el martes.

Una hipotética salida de Criteria del capital dejaría la compañía en manos de fondos de inversión y con un ligero rastro de españolidad con los March, con un 5,1%. El resto quedaría en manos de CVC y GIP, además de la compañía pública argelina, Sonatrach, con más del 4%. Por todo ello se baraja la opción de que Criteria pudiera hacer caja vendiendo una pequeña parte de lo que posee y que siguiera como principal accionista, con lo que seguiría percibiendo unos sustanciosos dividendos difíciles de sustituir por ahora.

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