Ábalos se inclina por frenar la venta parcial de Naturgy y Calviño pide cautela

A la espera de que el fondo de inversión australiano IFM formalice su solicitud de compra del 22,69% del capital de Naturgy, la opinión de los miembros del Gobierno bascula entre quienes defienden vetar la operación -para blindar el control español de esta empresa estratégica, en un momento clave para la transición energética- y quienes ponen el acento en aplicar las menores trabas posibles al apetito inversor por España.

Existen posiciones no coincidentes entre los miembros del Gobierno, aunque podría resultar prematuro señalarlas como opuestas. En privado, son los sectores más proclives a frenar la venta parcial de Naturgy a IFM quienes admiten la existencia de diferencias con la otra parte del Ejecutivo, más dispuesta a abrir la mano.

Dos bloques

En el primer bloque se sitúan los miembros del Ejecutivo de Unidas Podemos. "En un contexto de transición energética, este país no puede renunciar al control de empresas tan relevantes y de sus sectores estratégicos, como es Naturgy. Hay que evitar errores del pasado, como con Endesa y Enel", sostienen desde la formación morada, en alusión a la operación que cedió la empresa española a manos italianas en el 2009. Para Unidas Podemos, lo deseable ahora sería que el Gobierno vetara la operación sobre Naturgy al amparo del control de inversiones extranjeras que arbitró España con la declaración del estado de alarma en marzo del 2020. No obstante, la formación que dirige Pablo Iglesias parece asumir la regla de juego no escrita dentro del Gobierno de coalición que les deja al margen de este tipo de cuestiones corporativas --como sucedió en la fusión entre Bankia y CaixaBank-- y que, por ello mismo, les permite marcar perfil propio y crítico, como partido. "No estamos participando en este tema", admiten.

Otras fuentes del Ejecutivo sitúan al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una línea cercana a los ministros de Unidas Podemos, con una opinión reacia a dar luz verde a la OPA (oferta pública de adquisición de acciones) australiana sobre Naturgy. Estas mismas fuentes ubican a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, y a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una posición más proclive a dar vía libre a la adquisición. No obstante, otras fuentes sitúan a Ribera en el 'bando' de Unidas Podemos y ello da muestra de que, ni siquiera en privado, parece claras las posiciones de los ministros socialistas.

Primeras manifestaciones

Hasta ahora quien más claro ha expresado su opinión ha sido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. El pasado 10 de febrero defendió que "el Gobierno no puede quedar al margen" de la opa sobre Naturgy, si bien enseguida quiso aclarar su afirmación: "No estoy promoviendo la intervención pero si un cierto control de aquello que es estratégico", dijo en la Cadena Ser. "No será la primera vez que el Gobierno trata de preservar la españolidad de empresas estratégicas que ahora en la crisis hemos visto que es muy importante", añadió apuntando a la tendencia a la 'renacionalización' de la industria que se ha impuesto en los países desarrollados a raíz de la pandemia.

La vicepresidenta Nadia Calviño, por su parte, apela a la "cautela" siempre que se le pregunta por la OPA sobre la empresa que preside Francisco Reynés. Insiste en que el Ejecutivo analizará "con mucho cuidado, mucho detenimiento y detalle" y valora como "un signo positivo" que fondos extranjeros se fijen en nuestras empresas. Ahora bien, la ministra de Economía también suele subrayar que Naturgy es "un operador estratégico en el sector de la energía", que posee "infraestructuras críticas en un momento estratégico en el que estamos abordando el proceso de transformación energética, liderado por la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera" que -según Calviño- "ya está dando sus frutos".

La propia Teresa Ribera ha expresado en público que ve "absolutamente prematuro" pronunciarse sobre la opa por no tener aun "información suficiente". Aunque la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha admitido a trámite la opa, el fondo IFM no ha presentado aun al Ministerio de Industria la solicitud preceptiva en tanto que inversión extranjera directa. Una vez que se presente (podría ser este lunes o martes), el Gobierno aún tendría hasta seis meses para autorizar, denegar o aprobar con condiciones la oferta del fondo australiano.

Según Ribera, la normativa que permite al Gobierno vetar inversiones extranjeras en sectores estratégicos "está bien pensada". La ministra también ha hecho notar que la decisión del Gobierno deberá tomar en consideración "cuál es el mapa (energético) del país en un momento crítico", con un proceso de reconversión industrial en el sector, en el que "todavía estamos en unos años más de inversión que de recogida de frutos". El nuevo mapa energético español está virando hacia las energías renovables pero en este esquema resulta esencial la garantía de suministro que representa el gas, para los periodos en los que la electricidad proveniente del sol o del aire no baste. En este contexto, Naturgy juega un papel esencial como suministrador de gas y, sobre todo, como copropietaria de los gasoductos de Argelia y del Magreb.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha optado por inhibirse en el expediente de autorización de la OPA para evitar incurrir en un posible conflicto de interés al trabajar su marido como ingeniero en Naturgy.

Pendientes de Fainé

La posibilidad de los gobiernos de vetar determinadas inversiones directas extranjeras sobre empresas de sectores estratégicos nace de la normativa adoptada por la Unión Europea con este fin en febrero del 2019 y de su decida implementación, después, en los diferentes estados miembros a raíz del estallido de la pandemia, en marzo del 2020, para proteger a las compañías en un contexto en el que la caída en picado de sus cotizaciones podía convertirlas en presa de inversores oportunistas.

Desde la mesa del Consejo de Ministros, la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado que una de las pretensiones del Gobierno es "proteger a las empresas para que no se produjera ningún tipo de OPA hostil". La clave, en la operación sobre Naturgy, sería conocer si la OPA de IFM se percibe como hostil o no deseada, algo sobre lo que no se ha pronunciado aún su principal accionista, Criteria, presidida por Isidre Fainé.

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