Energías alternativas

El Gobierno aprieta para impulsar la industria renovable nacional

  • Las nuevas subastas de capacidad renovable exigen a los adjudicatarios de las pujas un plan estratégico con su impacto sobre la cadena de valor y el empleo de las futuras instalaciones

Parque eólico en la Serra de Pradell, en el Priorat.

Parque eólico en la Serra de Pradell, en el Priorat. / XAVIER JUBIERRE

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Sara Ledo
Sara Ledo

Periodista

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El Gobierno aprieta para impulsar la industria renovable nacional a través de las subastas de capacidad verde. El ministerio para la Transición Ecológica ha establecido en el diseño de las nuevas pujas la posibilidad de incluir un nuevo requisito en cada convocatoria que se celebre: obligar a las compañías a dar información concreta sobre la cadena de valor y el empleo previsto en la construcción y desarrollo de sus instalaciones. Una fórmula no vinculante que pretende evitar la especulación (al requerir un mayor detalle sobre la evolución de los proyectos) y dar un impulso a la industria nacional.

La primera subasta de capacidad verde se celebró hace dos semanas e incluyó esta disposición. En ella, se adjudicaron 3.060 megavatios de potencia, de los 19.500 megavatios que se subastarán de aquí a 2025, repartidos en un tercio de potencia eólica y dos tercios de fotovoltaica por un precio medio de 24 euros. Capital Energy fue la compañía ganadora, al hacerse con 650 megavatios eólicos, pero también eléctricas tradicionales como Iberdrola, Endesa o Naturgy se hicieron con un puñado de capacidad renovable.

Todas ellas deberán entregar al departamento que comanda Teresa Ribera un «plan estratégico» con las estimaciones de «impacto sobre el empleo local y la cadena de valor industrial», que se hará público en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. «Se trata de dar un compromiso social por escrito de un proyecto para que tenga unas características determinadas», exponen fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta cuarta del Gobierno. 

El plan deberá incluir una «estrategia de compras y contratación»; una estimación del empleo directo e indirecto creado durante la construcción, puesta en marcha y operación de las instalaciones en el ámbito local, regional o nacional; y aquellas oportunidades que generará para la cadena de valor industrial local, regional, nacional y comunitaria. «Incluyendo un análisis sobre el porcentaje que representa la valoración económica de la fabricación de equipos, suministros, montajes, transporte y resto de prestaciones realizadas por empresas localizadas en los citados ámbitos territoriales, en relación con la inversión total a realizar», según reza el texto de la convocatoria.

«Es un primer paso esencial porque cada empresa debe retratarse en qué beneficios va a generar para la economía nacional y local», reconoce el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio. Aunque matiza que al no ser vinculante, será necesario «dar un paso más». La normativa europea de ayudas de estado impide primar a las empresas nacionales; pero, a juicio de Virgilio, el Gobierno podría desarrollar otros mecanismos, como ocurre ya en otros países europeos que cuentan con distintas estrategias para priorizar su propia industria en el desarrollo de las infraestructuras renovables. En este sentido, Virgilio propone fijar como uno de los indicadores de la subasta una mayor reducción de emisiones de CO2 en el desarrollo de los parques a través de una metodología objetiva. 

Cadena de valor 

España fabrica el 90% de los componentes de un parque eólico y el 60% de los de un parque solar, según han asegurado en varias ocasiones tanto la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como la secretaria de Estado de Energía, Sara Aegesen. El gran ‘gap’ de la fotovoltaica son los paneles solares que en su mayoría vienen de China, aunque aquí también hay alguna empresa. 

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Ese mapa lo componen compañías españolas líderes a nivel mundial como Soltec (seguidores y estructuras) o Power Electronics (inversores) que exportan a otros países, pero también otras que son multinacionales que fabrican en España como Vestas o Siemens Gamesa. Una circunstancia que puede producir deslocalizaciones, como ha ocurrido con ambas que han cerrado o anunciado el cierre de sus plantas en este país. 

En este sentido, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha presentado un plan de industrialización al Ejecutivo con el objetivo de invertir entre 20 y 25 millones de euros en los próximos años en el sector para impulsarlo. «Tenemos buenos fabricantes y fortaleza para generar nuevas oportunidades industriales», asegura su director general, José Donoso. Los principales ejes del plan pasan por promover y dotar de financiación a esta industria con diferentes mecanismos, entre ellos, los fondos de recuperación de la Unión Europea; fomentar los clusters y las alianzas entre empresas nacionales para que tengan más musculo financiero e impulsar los centros de I+d+i y la formación. «La gente se piensa que los chinos son competitivos porque tienen mano de obra barata pero no porque invierten más en I+d+i», defiende Donoso. «Somos un sector muy tecnológico. Necesitamos crear auténticos centros de excelencia en I+D+i y convertirnos en receptores de cerebros, pero para eso necesitamos eliminar las barreras burcráticas», añade.