La Hacienda catalana aflora 219 millones de fraude fiscal, un alza del 7,5%

El 71% de los recursos descubiertos corresponden a los impuestos de sucesiones y donaciones y patimonio

Pere Aragonès.

Pere Aragonès. / David Zorrakino / Europa Press

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Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor jefe de Economía

Especialista en Además de El Periódico, trabajé de 1989 a 1990 en La Economía 16, como responsable de Economía en el Diari de Barcelona, de 1989 a 1990; en la sección de Economía de TVE Catalunya de 1987 a 1989, en Antena 3 de Radio, de 1985 a 1987 y en el Diari Menorca, de 1983 a 1985 y Radio 80-Menorca. Además la licenciatura en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-1986), tengo un posgrado en dirección general (PDG) 2011-2012y un curso de Márketing Digital y Redes Sociales por la EAE Business School

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La hacienda catalana afloró el año pasado un total de 219 millones de euros en fraude fiscal, lo que supone el 7,5% más que en el 2019. La cantidad, dada a conocer este jueves por la Agència Tributària de Catalunya (ATC), es la mayor de los últimos seis años.

El 71% de la suma descubierta corresponde a los principales impuestos cedidos, que son los de sucesiones y donaciones y patrimonio, según los datos de la ATC. Además del récord alcanzado en la suma agregada, también se ha marcado una cota sin precedentes en el improte medio por actuación de los actuarios: 4.594 euros, un 27,7% más que en el 2019.

Por ámbitos de actuación, la inspección es la que aporta la cantidad más elevada, con 124,9 millones, el 57% del total, con un importe medio por operación de 93.941 euros. A este tipo de actuaciones le siguen las de gestión tributaria, con 82,3 millones, el 38% del total y recaudación, con 11,8 millones, el 5% del total.

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El fraude fiscal descubierto en sucesiones y donaciones fue de 91,7 millones, con un incremento del 22% con respecto al ejercicio anterior, seguido por el impuesto de patrimonio, con 63,9 millones, y transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, con 60,4 millones.

Las actuaciones corresponden al plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias aprobado en 2015.