Malestar entre los restauradores

La hostelería promueve una demanda contra el Estado por las medidas anticovid

El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo dirigirá una estrategia común

El objetivo será reclamar los ingresos perdidos el año pasado por los cierres

Terraza recogida de un bar cerrado en Barcelona

Terraza recogida de un bar cerrado en Barcelona / Europa Press

Eduardo López Alonso

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Profesionales del sector de la hostelería y la restauración han iniciado movimientos para demandar al Estado y las Comunidades Autónomas ente el Supremo por los daños y perjuicios causados al sector durante el 2020 en el marco de las medidas anti covid. Bajo el nombre lahosteleriadetodos.org, la plataforma pretende canalizar el malestar del sector por unos cierres que han puesto contra las cuerdas a muchos empresarios y trabajadores. El periodo de inscripción termina el próximo 14 de marzo, fecha en la que se cumple un año del estado de alarma decretado por el Gobierno de España.

El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo dirigirá una estrategia común en la que actúan como portavoces Begoña Fraire (Étimo), Pepa Muñoz (Qüenqo de Pepa), Alfonso García (Casa Alfonso), Juanjo López (La Tasquita de Enfrente), Iñaki López de Viñaspre (Grupo Sagardi), y Alfonso Pastor (Grupo Caterdata).

Bajo el lema 'La hostelería de todos', la demanda está abierta a todos los restauradores españoles, incluso aquellos que ya se han visto obligados a cerrar su negocio de forma definitiva ante la falta de ingresos. La demanda ha sido preparada por Rafael Fernández Montalvo, magistrado emérito del Tribunal Supremo, y por Diego Solana, abogado y socio del despacho Cremades & Calvo-Sotelo, profesionales con una amplia experiencia en la gestión de demandas colectivas. Ambos articularán la estrategia jurídica hasta el final del proceso.

El objetivo es alcanzar una indemnización para cada uno de los restauradores en una cantidad inspirada en las ayudas que el Gobierno alemán ha destinado al sector cubriendo el 75% de los ingresos del año anterior. En estos momentos la plataforma quiere compartir el resultado de estos dos meses de trabajo e invitar a aquellos interesados a sumarse a estas acciones judiciales basadas en el régimen de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Los impulsores de la iniciativa consideran que únicamente los jueces y tribunales pueden dar una solución al problema, con una sentencia fundada en el derecho y la ley actual.