Hacienda acepta dar más voto a las autonomías en los fondos europeos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha accedido este jueves a dar más voto a las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La ministra renunciará al voto de calidad que se había otorgado en el borrador de reglamento de funcionamiento interno de la comisión que presentó a los representantes autonómicos. Montero expresó su intención de dar marcha atrás después de que algunos representantes autonómicos, como el 'president' en funciones de la Generalitat, Pere Aragonés, expresaran sus críticas durante la sesión constitutiva de la nueva conferencia sectorial, este jueves, según las fuentes consultadas por El Periódico.

Esta comisión sectorial es el órgano de cooperación con las comunidades autónomas que ha dispuesto el Gobierno para coordinar la implementación de los fondos europeos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y ejercer la "cogobernanza" a la que se suele referir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Podrá ejercer "funciones consultivas, decisorias o de coordinación", según el borrador de reglamento interno elaborado por Hacienda. 

Borrador de reglamento

Poco antes de su sesión constitutiva, el Ministerio había hecho llegar a los representantes autonómicos este borrador de reglamento. En él, siguiendo el modelo del Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF) tan criticado por los representantes autonómicos, se establecía que en las votaciones cada una de las 19 comunidades autónomas o ciudades con estatuto contaría con un voto y el Estado, con 19. En las sesiones en las que participe la Federación de Municipios y Provincias, la representación el Estado contará con un voto adicional (20). "En caso de empate, este será dirimido por el voto de calidad del Presidente" (cargo que corresponde a la ministra de Hacienda), decía el borrador.

En sus dos intervenciones en el seno de la conferencia sectorial, Aragonès reclamó una "cogobernanza" efectiva para las autonomías y modificar el sistema de votación previsto en el borrador del reglamento. En la misma línea se expresó el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, que se opuso a la aprobación del borrador de reglamento interno y abogó por articular una "verdadera y genuina colaboración y no una dinámica unidireccional en la que el papel de las comunidades autónomas quede reducido a un mero ejercicio ejecutor de unas decisiones adoptadas por el Gobierno central sobre competencias propias". 

Según el comunicado emitido por Hacienda, el borrador del reglamento será sometido a votación en una próxima reunión tras incorporar algunas propuestas de las autonomías, en esta dirección.

Además, según este comunicado, en la reunión Montero explicó que el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal y como está diseñado, es un instrumento finalista de financiación de la UE vinculado a la realización de unas reformas estructurales e inversiones. Esto implica desarrollar un Plan Nacional donde el beneficiario es el conjunto del Estado y donde hay que alcanzar unos objetivos generales, lo que requiere un cumplimiento por parte de todas las administraciones públicas. Así, la titular de Hacienda explicó a los consejeros que no hay reparto previo a través de programas operativos como en el caso del FEDER.

Ofensiva del PP

La celebración de esta reunión constitutiva de la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación fue precedida por un escrito remitido a la ministra de Hacienda por las comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Andalucía, Murcia, Madrid, Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta) en el que pedían la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para debatir y acordar un nuevo modelo de reparto para el fondo de la UE. En el escrito señalan que el reparto debe de ser acordado entre las autonomías bajo los principios de "transparencia, igualdad, solidaridad, cohesión territorial y toma de decisiones democrática". Estas comunidades denuncian "la falta de información y la forma de proceder del Gobierno" respecto a la gestión de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y, en particular, respecto al procedimiento "falto de transparencia, impuesto y discrecional con el que han establecido el reparto territorial".