Stuart adeuda 1,2 millones de euros por emplear a 505 falsos autónomos

Los repartidores de las mochilas azules de Stuart también son falsos autónomos, según han interpretado los inspectores de Trabajo tras sus pesquisas en Barcelona (primero) y en Madrid (después). La más reciente y de mayor magnitud, cerrada en diciembre, es la de la capital madrileña y ambas resoluciones son pioneras, en tanto que hasta ahora no había trascendido ninguna actuación sobre el modelo laboral de Stuart. EL PERIÓDICO ha podido confirmar que las dos actuaciones, fruto de las denuncias de los sindicatos UGT y IAC (este con asesoramiento legal del Col·lectiu Ronda), ya están pendientes de juicio en los tribunales de lo social. Lo que deja paralizados los efectos de las actas de Inspección hasta que no haya sentencia en firme.

"Desde Stuart respetamos cualquier proceso judicial que se lleve a cabo y las decisiones que se tomen tras su resolución", afirman fuentes de la compañía; que afirman tener constancia de un número inferior de 'riders' involucrados. En contra de las informaciones a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que cifran a 397 'riders' detectados en Madrid y otros 108 en Barcelona. "Siempre hemos abogado por la elaboración un marco regulatorio adecuado a las nuevas dinámicas del trabajo a demanda", añaden.

Modelo laboral en tela de juicio

Stuart es una compañía fundada en el 2015 en Francia y que opera desde el 2016 en España. También tienen presencia en el Reino Unido. La firma está especializada en reparto en la última milla y sus mensajeros transportan "todo tipo de envíos", según explica la compañía en su propia página web. Desde comida a domicilio, hasta ropa, pasando por paquetería clásica entre empresas. Y el sistema laboral es similar al implementado por competidores del sector, como Glovo, Deliveroo o UberEats.

Sus repartidores tienen que estar dados de alta como autónomos, ponen ellos la bicicleta o la moto para repartir, así como el teléfono móvil para conectarse a la aplicación y recibir pedidos. Y la remuneración que reciben varía dependiendo del número de kilómetros recorridos, con una tarifa de 4,84 euros por un desplazamiento de 3,5 kilómetros.

Desde la plataforma sindical RidersXDerechos denuncian que la organización Asociación Profesional de Riders Autónomos (que comparte la tesis de la empresa de que los 'riders' sí son autónomos) intentó torpedear las pesquisas de Inspección. Según argumentan, la entidad facilitó a los trabajadores investigados un formulario con las respuestas ya predefinidas para dar una misma versión ante los inspectores, con la voluntad de orientar el fallo de Inspección a validar la categoría de autónomos de los repartidores. APRAM replica que ellos únicamente "asesoraron" a sus asociados y les instaron a "decir siempre la verdad".

Os imagináis que Inspección de Trabajo abre una inspección y la empresa a través de una "asociación" creada por ellos mismos envía un formulario de "guía" para que los trabajadores contesten las preguntas de Inspección? Bien, pues esto es justo lo que @Stuart_Spain ha hecho.

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— Riders x Derechos (@ridersxderechos) 25 de febrero de 2019

Un agujero para la Seguridad Social

Un modelo que la compañía vende como "flexible" y que permite unos "ingresos rápidos", en el que los 'riders' se conectan a la aplicación y esperan a que la misma les asigne un pedido. Y cobran según pedido, independientemente del número de horas que estén conectados esperando comanda. El esquema, a grandes rasgos, coincide con otros ya censurados previamente por Inspección de Trabajo, como el de UberEats. 

Dicho modelo laboral implica una menor obligación de la empresa para con los repartidores (no les paga vacaciones, ni seguro social, ni el coste del equipo; entre otros) y con la Seguridad Social, pues traslada dicho coste a los trabajadores. Según estimaciones realizadas por UGT en el 2019, el fisco dejaba de ingresar unos 93 millones de euros anuales debido al modelo laboral de estas empresas. Cifras que presumiblemente serían hoy en día superiores, debido a la intensa expansión que ha experimentado el sector en los últimos años. Antes de la pandemia, el empleo en las 'apps' de reparto crecía al 6,7%; un ritmo más de dos veces superior al que se mueve el mercado laboral en su conjunto.

La 'policía laboral' consideró en dicho caso el especial peso del algoritmo en todo el proceso, pues solo gracias a este podían llegar a un público de tal magnitud. En el sentido, las actuaciones también señalan que no existe autonomía real de los repartidores, pues no negocian sus tarifas, tampoco escogen la clientela, ni la gran mayoría tenía actividad propia antes de comenzar a repartir para estas plataformas. Argumentos que se repiten en sentencias judiciales desfavorables a otras empresa del sector y que replica Inspección de Trabajo en las actuaciones llevadas a cabo sobre Stuart.

La 'Ley Rider', encallada

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El Ministerio de Trabajo entiende que para evitar estos fraudes laborales es precisa una nueva ley. La redefinición del concepto de ajenidad y subordinación es el principal objetivo de la 'Ley Rider' que negocia con patronal y sindicatos desde hace más de dos meses. Pues pese a los múltiples fallos judiciales que acumulan las diferentes compañías que comparten un modelo laboral similar, estas continúan operando con sus repartidores como autónomos. A expensas, según defienden, de que los diferentes casos lleguen al Tribunal Supremo; un proceso que puede tardar años.

Pese al extendido éxito en los juzgados que tiene la tesis que define a los 'riders' como falsos autónomos, Trabajo insiste en su nueva ley. La división interna en la CEOE está embarrando las negociaciones y el próximo miércoles están citadas de nuevo las partes para tratar de avanzar en esta materia.