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Los centros especiales de trabajo, en vilo ante la subida del salario mínimo

  •  En Catalunya, 20.676 personas trabajan en centros de inserción laboral para personas con discapacidad; la gran mayoría de las cuales cobra el SMI

Una persona con discapacidad realizando labores de costura en el CET Estel Tàpia de Barcelona

Una persona con discapacidad realizando labores de costura en el CET Estel Tàpia de Barcelona / CET ESTEL TAPIA

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El Gobierno vuelve a la carga con las negociaciones para tratar de subir el salario mínimo interprofesional (SMI). Varios sectores permanecen a la expectativa de cuál será el veredicto final que salga de las mesas de diálogo social y, sobre todo, encuentre consenso en el seno del Consejo de Ministros. No obstante, hay uno especialmente atento a las conversaciones: los centros especiales de trabajo (CET). En Catalunya, 20.676 personas trabajan en centros de inserción laboral para personas con discapacidad; la gran mayoría de las cuales cobra el SMI.

Los trabajadores con diversidad funcional son uno de los colectivos con mayor vulnerabilidad en el mercado laboral y que más directamente se ven afectados por revisiones de este suelo salarial. Hasta el punto de que anteriores subidas ya han provocado terremotos en los CETs, tanto por la pugna entre diferentes administraciones para repartirse el coste de la medida, como entre trabajadores y centros. El incremento hasta los 900 euros de hace dos años desencadenó varias jornadas protestas auspiciadas desde una de las principales del sector, Dincat. Y, ante la congelación transitoria aplicada por el Ministerio de Trabajo en aras de alcanzar un acuerdo en los primeros meses del 2021, el sector aguarda en vilo.

Estos centros realizan todo tipo de servicios, en muchos casos con alta participación de la contratación pública. Desde elaboración de productos alimentarios, hasta prestando servicios de limpieza para empresas o entidades del sector público; pasando por cáterings para eventos. En Catalunya oficialmente están operativos 200 CETs, según datos del Departament de Treball; y el 55% de los salarios de las personas con discapacidad allí empleadas los costea directamente la Administración. Ahí fuentes consultadas del Departament de Treball aprietan para que el Gobierno acompañe la subida del SMI con recursos propios y no deje a las autonomías ante la disyuntiva de limitar otras partidas para hacerse cargo de ese compromiso.

Cuentas tensionadas

Como cualquier empresa o ciudadano ante el tsunami de la covid, los CETs no están siendo ajenos a la crisis económica. Según datos de la patronal Dincat, tres de cada cuatro cerraron con pérdidas el ejercicio del 2020. La situación es "delicada", según señala el director de Dincat, Carles Campuzano. "Bienvenido será un incremento del salario mínimo, pero también hay que reclamarle a la Administración que no improvise como ha hecho en las anteriores subidas y nos asegure los recursos necesarios", añade.

Los sindicatos aprietan al Gobierno para que asegure que finalmente el salario mínimo subirá, pues “muchas familias con personas en el sector dependen de esa fuente de ingresos” y la posibilidad de encontrar un empleo alternativo es muy complicada entre el colectivo; según apunta la responsable de CCOO de Catalunya, Estrella Gutiérrez. Las centrales tampoco entienden que la patronal sea reticente a subir sueldos a aquellos trabajadores que cobran por encima del salario mínimo. "La Administración ha asegurado los pagos durante estos meses de pandemia y no entendemos que nos planteen congelaciones", apunta el responsable de UGT de Catalunya, Carlos Moreno.

Rehenes del SMI

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Uno de los principales problemas que denuncian las centrales es que los trabajadores de los CETs acaban siendo rehenes del salario mínimo. Hace dos años ya llevaron a los tribunales que las empresas absorbieran los complementos para ahorrar costes a la hora de pagar el SMI. El TSJC falló en su contra y permitió dicha práctica.

El salario mínimo es el habitual en los CETs y las posibilidades de inserción en la empresa ordinaria son muy escasas. Especialmente en el actual contexto de crisis. Desde hace años los sindicatos insisten en el incumplimiento por parte de las empresas de la obligación de que el 2% de su plantilla sean personas con discapacidad, tal como establece la LISMI. “Si las empresas cumplieran, aflorarían 29.000 puestos de trabajo y no dependeríamos tanto de los CETs”, declara Moreno, de UGT.