El Estado prevé colocar un 9% menos de deuda este año tras emitir un 450% más en 2020

El 2020 ha sido un "año excepcional, también para el Tesoro", como ha subrayado este viernes su secretario general, Carlos San Basilio. Tras un 2019 excepcionalmente positivo, el Estado tenía previsto incrementar la colocación de deuda pública a los inversores durante el pasado ejercicio, el primer alza desde 2017, en un 62,8%: desde los 19.960 millones de euros hasta los 32.500 millones. El estallido de la pandemia, sin embargo, le obligó a emitir 109.922 millones netos, un 450% más que en el 2019 y un 238% más de lo esperado. Para el 2021, la previsión es de 100.000 millones, un 9% menos.

"Hubo que hacer un esfuerzo excepcional, sobre todo en la primera mitad del año, para asegurarnos de que el Estado tuviera los recursos necesarios" para financiar las medidas contra los efectos económicos de la pandemia y compensar la caída de ingresos, ha argumentado el alto cargo del Ministerio de Asuntos Económicos. Con todo, ha resaltado, la emisión final de deuda neta ha sido inferior a los 130.000 millones que el Gobierno calculó en verano ya que la recaudación de impuestos ha ido mejor de lo esperado y los gastos no han resultado "tan exigentes" como se calculaba en la parte final del ejercicio.

Esa es también la razón que explica que la previsiones de emisiones para 2021 sea 10.000 millones de euros inferior a la calculada hace unos meses en el momento de elaboración de los presupuestos del Estado para este año. "En una evolución razonable de la situación económica, aunque todavía hay un gran incertidumbre y los primeros meses del año van a ser difíciles, de haber nuevas revisiones serán a la baja, antes o después del verano", ha explicado San Basilio en una rueda de prensa telemática.

Apoyo del BCE

El Tesoro español, como el resto de sus homólogos europeos, está pudiendo realizar estas históricamente abultadas emisiones de deuda gracias al apoyo del Banco Central Europeo (BCE), que desde la pasada primavera ha disparado sus compras de bonos públicos y privados para contener las primas de riesgo y facilitar la financiación de los Estados. Así, el coste medio de la deuda emitida bajó el año pasado a un nuevo mínimo histórico, al caer del 0,23% al 0,18%, lo que permitió que el coste medio de la deuda en circulación bajase del 2,19% al 1,86%.

Esta rebaja de los tipos ha facilitado que los intereses pagados por el Estado por su deuda el año pasado hayan bajado un 9,2% pese a las mayores emisiones, hasta los 22.091 millones, y que la carga financiera (su peso sobre el PIB) se haya mantenido en el 2% pese al desplome de la actividad causado por las medidas de contención del coronavirus. Se trata de una cuestión crucial para la sostenibilidad de las cuentas públicas, ya que el Gobierno calcula que el endeudamiento público se disparó el año pasado hasta el 118,8% del PIB y seguirá en un elevado 117,4% al cierre de 2021.

Mayores vencimientos

Los 100.000 millones de euros de deuda neta que emitirá el Tesoro servirán para cubrir el déficit del Estado y la Seguridad Social, que aunque bajará seguirá siendo muy elevado como consecuencia de la prolongación de algunas de las medidas adoptadas por la pandemia (como los ertes) y del efecto del coronavirus en el empleo y la recaudación tributaria. Las emisiones brutas, al contrario que las netas, subirán un 4,4%, hasta los 289.138 millones, debido a que la abultada deuda acumulada obliga a refinanciar una cantidad mayor cada año (en 2021 serán cerca de 190.000 millones, un 13% más).

Además del coste contenido gracias al BCE, la otra buena noticia es que los bancos apenas han variado su tenencia de deuda pública española (cerraron el año poseyendo el 15,6% de la que está en circulación, lejos del más del 30% del 2012), con lo que disminuye el riesgo de una espiral negativa como la de la crisis de la deuda pública anterior. Además, las previsiones del Tesoro incluyen los 27.000 millones que el Gobierno prevé movilizar este ejercicio con cargo al fondo de reconstrucción europeo, si bien solo se espera recibir 7.000 millones en forma de anticipo. Es decir, que los programas se van a ir ejecutando aunque el dinero tarde en llegar.