Catalunya debe amortizar 32.000 millones de deuda en 3 años

Del total, a lo largo del ejercicio que acaba de empezar, el importe de lo que la Generalitat tiene que devolver se eleva a un total de 10.038 millones de euros, frente a los 9.905 millones del año pasado, según las primeras estimaciones. De la cifra total para el 2021, 8.852,84 millones, más de 88 de cada 100 euros, tienen al Estado como acreedor o beneficiario como consecuencia de los distintos mecanismos de liquidez para paliar la imposibilidad de obtener financiación por otras vías. Entre estas se encuentran el fondo de liquidez autonómica (FLA) y actualmente, desde el 2019, la facilidad financiera (FF), destinada a las comunidades que cumplen con los criterios de déficit.

Del monto total de amortizaciones de este trienio, 28.431,59 millones son préstamos del propio Estado, el 88,77% del total. Este es el periodo en el que está prevista una mayor devolución de deuda en los próximos años, según el calendario de amortizaciones de la Generalitat. Pero son previsiones, que los costes sobrevenidos para combatir el covid, que suman más de 5.000 millones hasta la fecha, entre más gasto y menores ingresos, pueden desbaratar. Y ello pese a las inyecciones como el fondo creado por el Gobierno central para hacer frente a los costes de la pandemia por las comunidades y dotado con 16.000 millones de euros, de los que a Catalunya le corresponden 3.165 millones a fondo perdido.

El endeudamiento total del sector púbico catalán, en el que se incluyen la Administración y las empresas y entidades que computan para calcular el déficit, ascendía a 30 de septiembre pasado a 78.097 millones de euros. Eso supone que cada catalán 'debe', de media 10.205, 99 euros, que es menor que el pasivo con el que cargaba a 30 de junio. Del total, 62.376 millones, el 79,87%, tenían al Estado como acreedor, según los datos del Banco de España.

El resto del pasivo está formado por 8.614 millones que son préstamos bancarios, 2.809 millones que son emisiones de deuda y 4.298 millones más que son otras fórmulas extrapresupuestarias o pagos diferidos esencialmente para financiar infraestructuras, que incluyen desde los censos enfitéuticos hasta préstamos del Institut Català de Finances (ICF) por acuerdos de plurianualidades. La dependencia financiera de la Generalitat con respecto al Estado se mantendrá al menos hasta el 2035, según las estimaciones de la propia administración catalana. Los ejercicios de mayor volumen de amortizaciones se alcanzarán en el 2022 y el 2023, para luego ir bajando paulatinamente, según unas previsiones que, en función de lo que dure la crisis, pueden variar.

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La mayor parte de la hipoteca total del sector público catalán corresponde a la Generalitat, con 71.995 millones, seguida por las entidades SEC, es decir, aquellas cuyo déficit se contabiliza también, con un total de 6.102 millones. En el apartado de entidades de derecho público, las que más destacan por su pasivo son Infraestructures Ferroviàries de Catalunya, con 1.454 millones a 30 de septiembre pasado; y el Institut Català de Finances (ICF), con 1.008,38 millones, en el mismo periodo.

En el grupo de sociedades en las que la Generalitat tiene una participación mayoritaria destacan Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (en la que la administración tiene el 100% del capital), con un endeudamiento de 209,84 millones y Fira 2000 (53,93% del capital), con un pasivo imputable de 157,65 millones. En el ámbito de fundaciones sobresalen la Fundació Privada de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (60% del capital), con un pasivo imputable de 130,03 millones y la Fundació Privada de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (33,33% del capital), con 64,78 millones de deuda imputable.