digitalización
El Parlament aprueba una ley para ahorrarle 38 millones en trámites a las empresas
El Govern consigue los apoyos suficientes para aprobar la nueva ley de facilitación de la actividad económica
Gabriel Ubieto
Redactor
Periodista de economía, centrado en el mercado laboral. He crecido como redactor en El Periódico, pero antes hice prácticas en La Vanguardia y escribí durante seis meses desde Chile para Hemisfèria.cat. Ganador del premio Ramon Barnils (2015) por el reportaje "Els ultres prenen partit".
El Parlament de Catalunya ha aprobado la nueva ley de facilitación de la actividad económica. Una norma que persigue agilizar y simplificar los trámites de las empresas con la administración y avanzar hacia un modelo de ventanilla única. Según cálculos de la 'conselleria' de Empresa, dicha norma supondrá un ahorro de 38,4 millones de euros a las compañías catalanas en tiempo no invertido en gestiones duplicadas con la administración. Y un total de 564.000 empresas, la mayoría de ellas pymes y autónomos, se verán beneficiadas por la medida.
La cámara legislativa catalana ha dado luz verde en el último pleno de la legislatura a esta norma diseñada durante la etapa de la anterior 'consellera' Àngels Chacón. En enero fue ratificada por el Consell Executiu y ha sido aprobada este viernes. La ley pretende desplegar, en un plazo máximo de dos años, una simplificación de los trámites administrativos y una digitalización de los mismos.
El objetivo es pasar de la vía de los formularios a la compartición de los datos. Es decir, las compañías tendrán que únicamente subir los datos requeridos una vez al servidor público y los diferentes departamentos encargados de validar los trámites accederán a los mismos desde este. Y si en futuras gestiones son requeridos dichos datos, la Administración catalana no deberá exigir de nuevo su entrega por parte de las empresas.
Estos servidores comunes de datos incluirán todos los trámites formalizados con la Generalitat y con los ayuntamientos catalanes. La normativa establece que el consistorio barcelonés tiene un plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma para transitar hacia ese modelo común. La acumulación de datos permitirá también a la Generalitat acelerar futuras asignaciones de ayudas o transferencias, sin tener que requerir a las compañías rellenar nuevos formularios para postular a las mismas.
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