Ofensiva tecnológica

La OCU demanda a Apple por obsolescencia programada del iPhone6

La organización de consumidores recure a la vía legal en una acción coordinada con otras asociaciones europeas

Presentación internacional del iPhone6.

Presentación internacional del iPhone6. / Archivo / AP

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La Organización de Consumidores (OCU), de forma coordinada con otras asociaciones europeas de consumidores, ha presentado este miércoles una acción legal contra Apple por la "obsolescencia programada" en la gama del iPhone 6 argumentando prácticas comerciales "injustas, engañosas y agresivas". En un comunicado, OCU ha anunciado su intención de demandar a la compañía tecnológica estadounidense en una acción coordinada junto con las asociaciones miembro del grupo Euroconsumers, (Altroconsumo, Deco Proteste y Test-Achats). La organización considera probado que Apple actualizó el 'software' en los diferentes modelos del iPhone 6 para enmascarar los problemas de rendimiento de sus baterías, sabiendo que esto causaría que los teléfonos se ralentizaran y perdieran rendimiento.

La OCU señala que, al hacer esto, los usuarios pensaron que el iPhone funcionaba mal, porque les iba "más lento", lo que los empujó a cambiar de modelo. En consecuencia, la asociación cree que Apple "de manera deliberada" condicionó a los consumidores a renovar sus iPhone "causándoles un perjuicio económico".

El objetivo de la OCU es atraer consumidores a la causa emprendida y que se compense a los usuarios de modelos iPhone 6, 6S, 6 Plus y 6S Plus "no solo por el perjuicio causado por el cambio de móvil o de batería al que se vieron obligados, sino también por los daños morales: la pérdida de rendimiento de sus dispositivos hizo que vieran frustradas sus expectativas y su satisfacción con la marca", explica la OCU.

Indemnización

La organización de consumidores reclama entre 99 y 189 euros por cliente afectado. "Nuestros expertos han cifrado los daños en la suma del importe de la batería (entre 89 y 29 euros, según si se acogió o no al plan de reeemplazo), más un 10% del precio de compra del móvil (entre 699 y 999, según el modelo, capacidad, etc.)", explica la OCU.

El pasado mes de mayo el Tribunal Administrativo del Lacio (Italia) confirmó la multa de diez millones de euros impuesta en octubre del 2019 por la Autoridad de la Competencia Italiana en relación con las implicaciones para el rendimiento del iPhone de la actualización de las versiones 10.2.1 y 11.2.0 del sistema operativo iOS.

Esta acción constituyó la base de una demanda colectiva en Estados Unidos, que Apple ha preferido solucionar extrajudicialmente por un total de 500 millones de dólares (413 millones de euros) que la compañía repartirá entre los consumidores afectados.

En Francia, Apple aceptó pagar una multa de 25 millones de euros para evitar un proceso judicial después de que los servicios antifraude franceses concluyeran que hubo carencias en la información sobre las actualizaciones del sistema de explotación de sus iPhone, que en muchos casos ralentizaban el móvil. OCU añade que hay otras demandas en curso en Australia e Israel por el mismo motivo.

Obsolescencia programada

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La organización considera que tanto la sentencia como los acuerdos extrajudiciales implican una conducta por parte de Apple que se puede tachar de "obsolescencia programada" con el fin de incrementar el reemplazo de los viejos modelos de iPhone 6, que ha causado un daño similar a todos los consumidores independientemente de su país de procedencia. En los modelos Apple es común que la actualización del sistema operativo no tiene vuelta atrás, y no es posible reinstalar una versión más antigua en el caso de que la actualización de 'software' propuesta por la compañía no satisfaga al propietario del producto. Por ello, determinados programas dejan de funcionar pese a que físicamente el producto no ha cambiado.

Tras intentar sin éxito encontrar una solución amistosa en beneficio de los consumidores a través de Euroconsumers, las asociaciones han decidido recurrir a la vía legal, ya que consideran que los consumidores de Bélgica, Italia, España y Portugal "merecen ser tratados con el mismo respeto y justicia que los estadounidenses".

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