Fondo de rescate

La dueña de Trasmediterránea pide un rescate de 100 millones a la SEPI

Naviera Armas tiene una deuda acumulada de unos 800 millones de euros a consecuencia del covid

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R. M. S.

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Naviera Armas, la mayor compañía naviera de transporte de pasajeros y mercancías entre la península y las islas y, propietaria, entre otras, de la empresa Transmediterránea, ha solicitado el rescate de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y ha pedido también una quita a sus acreedores para solventar las dificultades económicas que atraviesa, con una deuda acumulada de unos 800 millones de euros, como consecuencia del impacto del coronavirus en el transporte marítimo.

Según adelantó Vozpópuli, y ha podido confirmar EL PERIÓDICO, la familia Armas Fernández ha solicitado la documentación para obtener al menos cien millones de euros de la SEPI, en concreto al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con 10.000 millones de euros. Se trata del mismo fondo que ha auxiliado a la aerolínea Air Europa para evitar su quiebra. Los cien millones podrían habilitarse mediante un préstamo participativo o ampliación de capital.

Respecto a la renegociación de la deuda con los acreedores, Naviera Armas ofrece la opción de reconvertir deuda en capital, aportando nuevas grantías personales y dinero aportado por el SEPI. Naviera Armas emitió hace unos días un comunicado en el que anunció que había iniciado un proceso de renegociación de su deuda como consecuencia del desplome de ingresos derivados de la pandemia. La compañía aseguró que no se encontraba "en situación de preconcurso ni concurso de acreedores". En todo caso admitía la afectación de la demanda derivada de la crisis del covid, y que había iniciado esas conversaciones "con el objetivo de preservar su liquidez y optimizar su estructura de capital".

La naviera es uno de los principales puntos de conexión entre las islas Baleares y la península. El grupo canario Naviera Armas se hizo con la mayoría accionarial de Trasmediterránea en el año 2018, tras pagar 260 millones de euros a Acciona, de la familia Entrecanales, que había gestionado la compañía desde 2002, cuando fue privatizada. Pero los problemas del grupo empresarial canario se han agravado desde entonces considerablemente, sobre todo con la expansión del covid-19, comprometiendo con su delicada situación financiera el transporte marítimo regular de Baleares con la península.

El grupo con sede en Canarias acumula una deuda de unos 600 millones en bonos y otros 200 en créditos bancarios. Para intentar salvarse, la compañía consiguió una línea de financiación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 55 millones millones de euros y un préstamo de los fondos APS y Apolo de otros 75 millones. Sin embargo, sus graves problemas continuaron.

La agencia de calificación Moody's rebajó el rating de Naviera Armas Trasmediterránea de 'Caa2' a 'Ca' con perspectiva negativa hace una semana, lo que la sitúa al borde de impago. La razón es que el grupo no puede hacer frente al pago de intereses de una emisión de 282 millones de euros que vence en el 2023 debido al desplome de los ingresos por el coronavirus. Naviera Armas se ha acogido a un periodo de gracia de 30 días que recoge el contrato de la emisión. A partir de esa fecha Moody's asegura que declarará a la empresa en situación de impago tras incrementar además su endeudamiento en 70 millones en el primer semestre de 2020 debido al coronavirus. La agencia de calificación asegura que este ráting refleja la estructura de capital "insostenible" de la empresa en relación con su potencial de ganancias, los altos riesgos de reestructuración basados en su deuda deprimida, así como su débil posición de liquidez.

Segunda crisis

Trasmediterránea es la primera compañía naviera española y una de las más grandes de Europa. En 1978, tras su primera gran crisis, se convirtió en empresa pública, al concentrar el Estado el 93,15% del capital social, una situación que se mantuvo hasta 2002, con la adquisición de la compañía por parte de Acciona, en el marco del proceso que entonces abrió el holding público SEPI para privatizar la compañía de transporte marítimo.

En 2016, el año de su centenario, Trasmediterránea se había convertido en una empresa de transportes intermodal, en la que se integraban diversas sociedades, aunque el negocio naviero suponía aún un 70% de su actividad, con veintiún buques que prestaban servicio en 31 líneas marítimas. En ese momento facturaba 440 millones de euros y tenía 1.200 empleados. El principal accionista de la compañía era Acciona, propiedad de la familia Entrecanales, que adquirió la empresa cuando fue privatizada en el año 2002, después de haber estado en manos públicas durante veinticinco años.