24 nov 2020

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PATRONALES

Pimec amenaza con demandas si no se compensan los cierres por el covid

La patronal presenta un informe jurídico que respalda la petición de indemnizaciones a la Administración por la "mala gestión" de la pandemia

Las reclamaciones deberán ser presentadas de manera individualizada por cada empresa con la justificación de los ingresos perdidos

Eduardo López Alonso

Josep González, presidente de Pimec, en el acto celebrado en Barcelona.

Josep González, presidente de Pimec, en el acto celebrado en Barcelona. / MANU MITRU

La patronal Pimec ha amenazado este viernes a la Administración con una avalancha de demandas y petición de indemnizaciones por los cierres de la pandemia si no se produce un giro en las medidas para evitar la quiebra de los negocios. La patronal ha presentado públicamente las conclusiones de un informe jurídico "relativo a la posible responsabilidad patrimonial derivada de las medidas administrativas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria".  El catedrático de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona y director del Centro de Innovación y Gestión de las Administraciones Públicas de Catalunya, Joan Manuel Trayter, ha sido el encargado de elaborar este informe que pretende en último término "instar a la Administración a que agilice las medidas compensatorias necesarias para garantizar la viabilidad de los sectores afectados por los cierres". Pymes y autónomos se han mostrado durante la presentación del informe y de un manifiesto común, "cansados de las limosnas" y han reafirmado la petición de ayudas directas. Según datos de la patronal, la cuantía de las pérdidas podría suponer el 40% del PIB catalán y en torno al 30% de las empresas se verán abocadas al cierre.

Para Trayter, "el daño que se cause por los cierres a una empresa tendrá que ser indemnizado y se ha de pagar".  El experto asegura que el ordenamiento jurídico establece que "toda lesión que se cause por una Administración Pública se tendrá que indemnizar". La interpretación habitual de los jueces de la ley es muy variable. Se exige un daño o "lesión" cuantificable y demostrable. Ha de ser también individualizable, negocio por negocio, lo que se ha dejado de ganar por los cierres debidos a la pandemia. El informe jurídico encargado por Pimec advierte de que debe haber un "nexo causal directo" entre la medida administrativa y la pérdida del negocio. Ese motivo puede ser invalidado legalmente por una causa mayor, en este caso homologable a la pandemia. El informe de Trayter considera, no obstante, que los daños empresariales no son causados por la pandemia sino por la gestión de esta por parte de la Administración.  

Pimec, aunque consciente de la grave situación sanitaria, también quiere evidenciar la arbitrariedad de la elección de los sectores afectados por cierres y la falta de participación de esos sectores en la búsqueda de soluciones. La política de ayudas hasta ahora apenas ha mitigado la situación y es considerada insuficiente para evitar quiebras. Según datos de Pimec, el 27,8% de las empresas de las hostelería y la restauración prevén el cierre definitivo, porcentaje que baja al 13,9% en el caso del comercio y reparaciones, pero alcanza el 40% en algunos ámbitos como los parques infantiles. 

El presidente de Pimec, Josep González, el secretario general, Antoni Cañete, y representantes de los sectores del turismo, la restauración, el comercio, la cultura, el ocio nocturno, el ocio y el deporte, han presentado también un manifiesto en defensa de los empresas y los autónomos en el que exigen que cualquier medida tomada por la Administración para combatir la pandemia sea consensuada con los sectores afectados y avisada con suficiente antelación para minimizar el impacto económico. "El objetivo del manifiesto y de la petición del dictamen jurídico es agilizar las medidas compensatorias que permitan evitar la quiebra de las empresas", dijo González, aunque aseguró que la finalidad "no es iniciar una batalla judicial, pero sí disponer de herramientas jurídicas", ante la desproporción de las medidas de cierre tomadas por la Administración. Para Antoni Cañete, "cualquier acuerdo será mejor que cualquier conflicto judicial", e instó a la creación de mesas sectoriales para buscar una salida al conflicto. 

El manifiesto divulgado por Pimec considera que "sin datos objetivos y desglosados no es admisible que se decrete la suspensión total y parcial de ciertas actividades", y que en caso de tomarse esas decisiones "se han de realizar con la suficiente antelación y ser consultadas con las entidades más representativas de los sectores en cuestión". Reclama por ello "compensaciones económicas para las actividades afectadas" y la creación de mesas sectoriales para "buscar conjuntamente las mejores opciones y los recursos necesarios para poder garantizar la viabilidad empresarial, evitar cierres y la pérdida de puestos de trabajo". De manera paralela a las compensaciones económicas por cese de actividad, Pimec reitera la petición de suspensión de todos los impuestos este año, que no se cobren las cuotas de autónomos y la carencia sobre los préstamos bancarios de pymes y autónomos hasta el 31 de diciembre. El manifiesto reclama el uso masivo de test rápidos de antígenos de manera generalizada. También exige la participación en las reuniones del Procicat de representantes del la Consellería de Empresa y de la de Treball.