La apretada agenda del Gobierno complica retomar su contrarreforma laboral antes de febrero

La apretada agenda legislativa del Gobierno en materia laboral complica que las mesas de diálogo social se reabran para desmontar la herencia del PP antes de febrero. Los sindicatos aprietan para comenzar a derogar parte de la reforma laboral del 2012 antes de acabar el año, mientras la patronal trata de dilatar al máximo la reapertura de las negociaciones y no es partidaria de desempolvar ese tema, como mínimo, hasta una vez superada la pandemia. Así ha quedado constancia este viernes en la XXV Jornada de Economía de S'Agaró, donde han cruzado argumentos el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez.

Si bien en septiembre el Gobierno presentó su Plan Anual Normativo y en él incluía el reinicio de las conversaciones para su propia contrarreforma laboral, el calendario hasta el 31 de diciembre que tiene por delante el Ministerio de Trabajo complica el cumplimiento de ese compromiso. Y la patronal no tiene, ni mucho menos, la voluntad de meter prisa con un tema que promete convertirse en el primer choque de magnitudes entre CEOE y el actual Ejecutivo. "Me gustaría hablar, si es que hay que hablar, más adelante", ha declarado este viernes Antonio Garamendi.

Actualmente los agentes sociales tienen entre manos los documentos para una nueva regulación del trabajo en plataformas. Una ley en la que la ministra Yolanda Díaz aspira a "volcar" la reciente sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que los repartidores de Glovo operan como falsos autónomos y debieran ser asalariados. No obstante, el primer (y de momento único) consenso entre las partes es que esta legislación debe ir más allá de las aplicaciones de reparto y ser válida para cualquier empresa de la nueva economía. La próxima semana está fijada una nueva reunión (que será la tercera) y, de momento, la patronal no ha deslizado ninguna propuesta propia en ese sentido.

Tras cerrar (con o sin acuerdo) la nueva ley de plataformas, o incluso en paralelo a la misma, el Gobierno tiene pendiente abordar con los agentes sociales la revisión para el 2021 del salario mínimo interprofesional (SMI). Actualmente en los 950 euros, legalmente el Ejecutivo le debe una consulta a los agentes sociales sobre este tema; aunque luego puede aprobar lo que considere menester sin su consentimiento. No obstante, hasta ahora ha buscado su consenso o, como mínimo, su no oposición. Diciembre pinta como el mes clave para esta cuestión, pues la revisión del SMI tiene un impacto directo en las bases mínimas de cotización para el próximo ejercicio.

31 de enero: ¿una nueva contrarreloj para renovar los ertes?

La gran negociación que seguro van a tener que acometer en breves los agentes sociales con el Gobierno es la quinta renovación de los ertes de la covid. Estos vencen el próximo 31 de enero y, hasta ahora, las conversaciones para acordar una nueva renovación se han abonado a la épica del último minuto. En la última prórroga (hoy vigente), el Gobierno inició el Consejo de Ministros en el que tenía que aprobar legislativamente la extensión de las medidas sin tener claro el ‘ok’ de CEOE. Beneplácito que finalmente obtuvo.

La exigencia de dichas negociaciones, tanto a nivel de tiempo, como de negociadores, hace complicado que en las mesas de diálogo social se vuelva a hablar de la reforma laboral del PP hasta que el tema de los ertes esté solventado. Un elemento –el de los ertes- que las centrales reconocen como clave durante la actual pandemia y que está siendo "una balsa que nos está permitiendo salvar el río", según se ha referido el líder de CCOO, Unai Sordo, este viernes.

Esa 'necesidad' corre el riesgo de chocar con la 'urgencia' que manifiestan las centrales por retomar la contrarreforma laboral del Gobierno. Que en aspectos como la recuperación de la prevalencia de los convenios sectoriales o la ultraactividad ya está avanzada y con documentos intercambiados antes de que comenzara la pandemia. Pues “reequilibrar” la negociación colectiva, como se ha referido el líder de UGT, Pepe Álvarez, permitiría a la economía española corregir un “atraso tecnológico brutal”, según ha sostenido, debido a la competencia a la baja en cuánto a salarios que habilita la herencia del PP.

En la XXV Jornada de Economía de S'Agaró celebrada este viernes en Barcelona han quedado claras las posiciones y las armas están veladas, a la espera de que se reabran las mesas de diálogo social donde las partes puedan cruzar argumentos.