tres meses de retraso

El SEPE solo ha pagado la prestación al 15% de los nuevos parados en Barcelona desde agosto

Madrid y Baleares son también las plazas más afectadas y que arrastran meses de retraso ante la elevada carga de trabajo

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Gabriel Ubieto

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Solo el 15% de las personas que se han quedado en paro desde el mes de agosto han cobrado su prestación. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) lleva tres meses de retraso en el reconocimiento de la mayoría de prestaciones y no ha abonado los pagos al 85% de los nuevos desocupado desde que cerró la nómina de agosto en la provincia de Barcelona, según han confirmado fuentes conocedoras de las gestiones del SEPE.

La situación de la provincia de Barcelona no es única. Madrid Baleares son las otras dos plazas con una mayor carga de trabajo debido a su elevado peso económico y al flujo de nuevos ertes de la segunda ola. Hasta el punto de que 22 delegaciones provinciales del SEPE de todo el país están ejerciendo funciones de apoyo a estas tres plazas para tratar de resolver la elevada carga de trabajo recibida. 

Según datos facilitados por el sindicato CSIF, con representación mayoritaria en la Administración General del Estado, en las dos últimas semanas han entrado en el SEPE cerca de 150.000 nuevos ertes, que afectan a más de 720.000 trabajadores. "Cuando estabamos estabilizando las cargas de trabajo de la primera ola ha llegado la segunda y los nuevos subsidios", afirma el responsable de CSIF, Manuel Galdeano.

Las oficinas públicas de empleo arrastran una saturación desde hace meses debido al volumen sin precedentes de carga de trabajo asumida, tanto por los ertes de la primera ola, a los que ahora se suman los de la segunda, como por el flujo de nuevos parados que ha ido dejando la actual crisis del covid. Además de los nuevos subsidios habilitados por el Ministerio de Trabajo para contener la emergencia, como la reciente ayuda para 260.000 parados que se hubieran quedado sin ingresos durante el primer estado de alarma. En agosto el retraso en el cobro de la prestación era de dos meses, tal como avanzó EL PERIÓDICO, y ahora se ha agravado un mes más.

El funcionamiento del SEPE para tramitar y abonar las prestaciones ha sido tradicionalmente el siguiente. Entre los días 20 y 25 de cada mes las oficinas públicas de empleo cierran la nómina de prestaciones reconocidas para abonarlas el día 10 del mes siguiente. Es decir, una persona que se quedará en paro en circunstancias normales el 1 de noviembre cobraría su prestación el 10 de diciembre. No obstante, la ingente sobrecarga de trabajo originada por la pandemia ha distorsionado estos ritmos y ha dilatado en el tiempo el pago de las prestaciones.

El SEPE acumula en la demarcación de Barcelona tres meses de retraso en el trámite de las prestaciones ordinarias de desempleo. Y no está claro en qué plazos se abonarán las prestaciones por desempleo en el caso de los nuevos ertes de esta segunda ola, originados por el cierre de bares y restaurantes decretado por la Generalitat a mediados de octubre. Hasta ahora más de 100.000 nuevos trabajadores se han visto afectados por un nuevo expediente de suspensión. Y, por tiempos, su prestación de desempleo no se verá reconocida y abonada, como pronto, hasta el 10 de diciembre.  

Expedientes acumulados

Una trabajadora del SEPE que se dedica a capitalización, es decir, al pago único del paro, ejemplifica esta problemática. "Todo el organismo está colapsado. Me viene una persona que me pide la capitalización y cuando voy a mecanizarlo resulta que no tiene prestación porque no le han reconocido aunque la solicitó a finales de agosto. Así, yo no le puedo pagar. Tengo hasta 20 expedientes esperando que se reconozca la prestación", explica a la ACN Margarita Rico, representante de CCOO en el SEPE de Barcelona.

El Ministerio de Trabajo asegura que el organismo trabaja "intensamente" para que se reduzca el tiempo de reconocimiento de la prestación y augura que la gestión se agilizará este mes de noviembre porque "se han adoptado medidas de refuerzo". La plantilla del SEPE en Barcelona, la más exigida en cuanto a carga de trabajo, según confirman desde el Ministerio, ha sido ampliada en los últimos meses de 460 efectivos a 700.

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